Además de la ineficiencia gubernamental para garantizar viviendas dignas a todos los venezolanos, las lluvias de fin de año dejaron al descubierto una concepción artificiosa de los derechos humanos, según la cual los económicos, sociales y culturales merecen atención prioritaria, y los civiles y políticos pasan a un segundo plano.
Así lo sostiene Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, que se siente obligada a hacer dos primeras precisiones: los derechos humanos son interdependientes y, bajo ninguna circunstancia, pueden considerarse concesiones del Estado.
«En la práctica, la procura del derecho a la vivienda no puede sacrificar el derecho a la propiedad privada o el derecho a la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos para todos los venezolanos, sin exclusión alguna», razona la activista.
En la práctica, los partidarios del Gobierno tienen mayores posibilidades de obtener beneficios.
Favorecer sólo a los partidarios del gobierno de turno es una perversión y un quebrantamiento de los principios democráticos. Esta es una sociedad que ha estado fracturada históricamente. Las demandas sociales del país no son nuevas, tienen muchos años.
Pero no se pueden levantar banderas para intentar diluir la responsabilidad que tiene el Estado sobre otros derechos. No es aceptable lo que han intentado hacer en Venezuela, como en China o en Cuba, a fin de vender la idea de que los Estados deben privilegiar la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, pues los derechos civiles y políticos son conquistas individuales asociadas al liberalismo. Estas son ideas que también promueven las dictaduras de derecha.
En el pinochetismo, los avances económicos eran mostrados como el gran triunfo del régimen y dejaban de lado los gravísimos crímenes, como la desaparición forzada de personas que ocurría.
En eso la izquierda extrema y la derecha extrema coinciden, aunque son posiciones indefendibles.
En Venezuela la situación de los afectados por las lluvias es grave, y es criminal hacer proselitismo político con el drama de los damnificados.
Hay organizaciones como Cania la institución financiada por Empresas Polar cuyos terrenos fueron ocupados e inmediatamente expropiados por el presidente Chávez que han demostrado con creces fidelidad con los sectores más necesitados de la sociedad.
Han desarrollado un trabajo impecable a favor de la nutrición de niños, adolescentes y madres de la comunidad de Antímano. Cuando el Gobierno expropia la sede de Cania, no está atacando a los empresarios. No son los hijos de los empresarios los que están malnutridos y necesitan la atención especializada que gratuitamente se brinda en Cania. Son los hijos de las familias pobres de Antímano los que resultan perjudicados.
Pero gente de la misma comunidad de Antímano ocupó las instalaciones de Cania.
¿Ingratitud acaso?
En todo caso, si un Estado democrático responsable quiere avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas tiene que aliarse con los sectores de la sociedad civil que tienen experiencias exitosas. Si el Estado destruye experiencias exitosas no logrará mayores avances en materia de derechos humanos. Lo que debe procurar el Gobierno es que en cada barrio del país haya un servicio como Cania.
¿Y los programas sociales gubernamentales?
En democracia no se puede actuar de manera excluyente. Una sociedad democrática se construye entre todos. Si queremos avanzar en educación, allí está la grandísima experiencia de Fe y Alegría. Ojalá tengamos más escuelas de Fe y Alegría en todo el país. En la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto Nacional de Estadística se indica que la mayoría de los jóvenes que delinquen son desertores del sistema educativo formal. Si mantenemos a nuestros muchachos en las escuelas disminuimos la violencia. No hay que inventar el agua tibia.
Por lo menos formalmente, de la crisis de los damnificados también surgió la Ley Habilitante.
Lo que nos estamos jugando en Venezuela es la pervivencia del régimen democrático.
El debilitamiento institucional ha sido progresivo. Los informes de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores de Naciones Unidas son claros.
Hay un consenso de los organismos internacionales en cuanto a cuáles son los problemas de Venezuela y, en particular, de la ausencia de separación de poderes y una justicia independiente. Son problemas que tienen raíces remotas, pero que se han profundizado en los últimos años. La violencia, la impunidad y el desconocimiento de la voluntad popular expresada a través del sufragio cada vez son mayores, pero creo que la Habilitante y todas las reformas legales de manera apresurada e inconsulta llevadas a cabo a finales de 2010 constituyen un punto de inflexión. No sólo el Gobierno debe tener responsabilidad democrática, sino también los ciudadanos.
En el reciente informe de Human Rights Watch se señala la falta de independencia judicial como germen de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. ¿Está de acuerdo?
La impunidad, asociada a la debilidad institucional del sistema de administración de justicia, es un eje transversal de la agenda de derechos humanos en el país. Hay una merma ostensible del principio de separación de poderes.
¿Ejemplos concretos?
Hay dos casos escandalosísimos que ejemplifican el estado de la democracia venezolana: el del diputado electo Biagio Pilieri y el de la jueza María Lourdes Afiuni.
Contra ellos se han hecho juicios políticos y sumarísimos sin apego al debido proceso.
Nuestras cárceles están llenas de hombres y mujeres que no son jueces ni diputados e igual padecen la falta de garantías judiciales. Pero los casos Afiuni y Pilieri tienen un efecto peligroso para la democracia, de desvalorización de principios democráticos fundamentales; la justicia y el sufragio. (Edgar López, El Nacional, 31.01.11)
