La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz manifiesta públicamente su repudio a los recientes actos de violencia policial evidenciados en la sede de la Policía de Chacao y denunciados en la Asamblea Nacional, así como la represión violenta por parte de funcionarios de la Policía del Edo. Barinas contra estudiantes en aquella entidad llanera.
Ambos casos, ocurridos en instituciones policiales bajo la responsabilidad política de gobernadores y alcaldes de diferente signo partidista, ponen en evidencia una vez más la necesidad de lograr un compromiso efectivo, concreto y honesto con la reforma policial por parte de todos los y las representantes de los poderes ejecutivos estadales y locales en el país, sin distingo de ninguna naturaleza. Esto implica por parte de ellos y ellas la necesaria asunción de los lineamientos emanados del órgano rector, la adecuación institucional a los estándares y normativas del nuevo modelo policial; la depuración estricta de sus filas; la asimilación de un nuevo paradigma ético de la labor policial; el control interno exhaustivo; la formación adecuada y permanente para el manejo de situaciones de orden público, uso de la fuerza o de trato a personas detenidas; la sanción de toda desviación policial, así como la generación de condiciones para un mayor control social sobre las policías.
Uno de los grandes vicios del viejo modelo policial en Venezuela y América Latina ha sido el desentendimiento de los actores políticos sobre sus responsabilidades directas para con las instituciones policiales a su cargo, dejando éstas a merced de sus propias estructuras jerárquicas y dando muchas veces aval explícito o implícito a la vulneración de derechos humanos como parte de una política de demagogia punitiva, profundamente antidemocrática, contraria a la Constitución, a las leyes, al bien común y adicionalmente ineficiente, violenta y reactiva.
Situaciones como las ocurridas en Polichacao, en la Policía de Barinas o en cualquier otro cuerpo policial de que se tenga conocimiento y que periódicamente son de dominio público (por citar sólo algunos ejemplos: Policaracas, Polisur, Policía de Lara, de Apure, del Táchira, del Zulia, entre otras) no hacen más que reforzar la exigencia para que los poderes del Estado actúen con firmeza y se desmarquen no sólo en el discurso sino en la acción de esas prácticas nefastas que denigran la labor policial y contribuyen a aumentar la brecha y el rechazo social hacia los cuerpos policiales, garantes por naturaleza de la vida e integridad de todas las personas.
Ante los requerimientos de intervención policial que se han manifestado a raíz de los casos citados, es importante recordar que la normativa vigente en el país es muy clara sobre las condiciones que deben darse para aplicar un proceso de intervención a un cuerpo policial (Artículo 75 de la LOSPCPNB: “El Órgano Rector podrá intervenir los cuerpos de policía cuando se determine la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional, o a solicitud del Ministerio Público, del Gobernador o Gobernadora, el alcalde o alcaldesa correspondiente(…)”). En ese sentido, si las situaciones de vulneración de derechos se vuelven reiteradas y sistemáticas, puede darse pie en el futuro mediato a la aplicación en estas u otras policías de los protocolos de intervención que el Consejo General de Policía se encuentra elaborando. De allí la importancia del seguimiento continuo y de la contraloría social e institucional sobre todos los cuerpos policiales sin excepción para determinar si estas malas prácticas se constituyen en sistemáticas o no y proceder sobre ellas con contundencia.
Exhortamos a la Asamblea Nacional a agilizar y dar prioridad legislativa a la normativa pendiente en materia de sanción y prevención de la tortura, en mora desde 1999; al Poder Ejecutivo generar los mecanismos para la atención médica y sicológica a las víctimas de este tipo de violaciones de derechos humanos; finalmente exigimos al Ministerio Público y a todo el sistema de justicia penal actuar con celeridad, transparencia y eficacia en estos casos y en los miles de casos similares que reposan en sus dependencias, para llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones y evitar que, una vez más, la impunidad y el atropello a la justicia, con su consiguiente carga de re victimización de las víctimas, imperen en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de funcionarios policiales.
