El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (CVCI) conmemoró su quinto aniversario, sin embargo, el acto estuvo marcado con una nueva herida: el asesinato de Mijail Martínez. Una corta trayectoria en la lucha contra el olvido y la injusticia en un estado donde las cifras arrojan una terrible realidad.
Durante la actividad realizada en la Ciudad de los Muchachos, Barquisimeto Edo. Lara, los comités de víctimas de Yaracuy, Aragua, Barinas y los anfitriones compartieron sus experiencias en el duro tránsito, como lo calificó el Comité de Víctimas de Barinas, por el túnel de la impunidad.
Al dolor causado por la muerte de Mijail, cercano colaborador del CVCI, se suma el de varios integrantes de la organización, quiénes han perdido hijos o hijas, hermanos o hermanas y amigos o amigas por el accionar irresponsable de los organismos de seguridad y la incapacidad del sistema judicial de castigar a los responsables.
Hansel, Estaban, Héctor, Jacinto y Lenny son algunos de los nombres de las víctimas que se le imputan a los cuerpos policiales. Todos son casos que esperan por la justicia, una palabra que ha perdido el sentido o como lo expresó uno del los integrantes del CVCI de Lara: “entramos odiando a una persona, terminamos odiando a todo un sistema”.
Un sistema que no se encuentra al servicio de las víctimas, por su proceder, pareciera estar alineado con aquellos que violan el derecho a la vida. Un análisis que se sustenta en las innumerables trabas que colocan a los familiares de los fallecidos para buscar y encontrar justicia.
“Los funcionarios policiales, ante la ineficiencia del sistema judicial, se sienten en total libertad para cometer delitos. Ellos saben que serán protegidos por el sistema”, así lo afirman los integrantes del CVCI de Barinas. Agregan, “nosotros nos volvemos doblemente víctimas, al momento de la muerte y cuando tropezamos con la lentitud del Ministerio Público”.
Por su parte, para los integrantes del frente clasista Argimiro Gabaldón, es necesario tener paciencia “para aguantar las medidas dilatorias por parte del sistema”. Desde el frente clasista, afirman, hay que “fortalecer el alma y el espíritu de combatividad para no desmayar en nuestra lucha. Nos enfrentamos a un monstruo que no se arreglará con la salida de tres o cuatro funcionarios”.
Un dato que refuerza la percepción de los activistas de derechos humanos, reflejado en la memoria y cuenta de la Fiscalía General de la República del 2008, es que de 370 funcionarios policiales involucrados en casos de violación al derecho a la vida, únicamente 16 tiene una orden privativa de libertad.
En el Informe Anual de Provea 2007/2008 la Policía del estado Lara apareció como responsable de 31 asesinatos, solo superada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que se vio implicada en 46 muertes. Estos números ubican a la policía estatal como una de las más letales del país.
En medio del dolor por la pérdida y la impotencia por la manera en que trabaja la justicia, los activistas de derechos humanos tienen claro que no pueden bajar los brazos ni callarse, uno de los miembros del CVCI de Lara puntualizó “Si nos debilitamos ganará la impunidad (…) siendo nosotros la piedrita en el zapato lograremos algo, lograremos que se haga justicia”.
Las lágrimas derramadas son la expresión de un dolor que no tendrá alivio hasta que se imponga la justicia, mientras llega, los distintos comités, y en especial, el de Lara mantendrán en alto su voz para que la sociedad abra los ojos ante una situación que cada vez se hace más frecuente y no sea cubierta por el manto de la impunidad. Las lágrimas contenidas refuerzan el trabajo y la determinación para cambiar un sistema de justicia que no se encuentra al servicio de los más vulnerables.
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