Por Rafael Uzcátegui
El gobierno del presidente Hugo Chávez generó grandes expectativas al anunciar, en diferentes momentos, la restitución de la retroactividad de las prestaciones sociales como parte de una serie de medidas para fortalecer las condiciones laborales en el país. De hecho, uno de los cuestionamientos de sus voceros y voceras a la ofensiva neoliberal, experimentada por nuestro país en la década de los años noventa, fue el desmontaje del sistema de seguridad social de nuestros trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, 12 años después estas críticas aún no se traducen en hechos concretos.
En 1999 la redacción de la nueva Constitución establecía, en su Disposición Transitoria Cuarta, que debía realizarse en un tiempo perentorio la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que cristalizara, entre otros aspectos, las promesas realizadas a la masa laboral del país. Hasta el día de hoy esta reforma no se ha realizado y constituye, junto con otras leyes pendientes, el incumplimiento de la Carta Magna por parte de la Asamblea Nacional. Durante toda la década, en diferentes momentos, diputados y diputadas han anunciado la inminente aprobación de dicha reforma, pero además de las declaraciones son pocos los pasos que se adelantan.
No solamente existe el incumplimiento de obligaciones constitucionales, sino que el propio Ejecutivo manda señales contradictorias acerca de las medidas a implementarse para garantizar los derechos laborales. El pasado 1 de mayo, durante su alocución en la marcha de trabajadores del sector público, el primer mandatario afirmó: “Yo creo que en este momento no es conveniente reducir la jornada laboral. Trabajemos bien trabajadas ocho horas al día”. De esta manera el presidente Chávez contradecía la voluntad que había manifestado en su iniciativa de reforma constitucional, votada en el 2007, en la cual proponía la reducción de la jornada laboral. En aquel momento colocó para la votación popular que la jornada de trabajo diurna no debería exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna exceder de seis horas diarias ni de treinta y cuatro semanales. En aquel momento la iniciativa protagonizó los avisos publicitarios que difundían las bondades de la reforma, afirmando que aquella conquista por la vía electoral constituiría una “victoria obrera”.
Las palabras del presidente no sólo son contrapuestas con lo dicho años atrás, sino que también ignoran lo establecido en la propia Constitución, la cual obliga a tomar todas las medidas necesarias para reducir progresivamente la jornada laboral.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), uno de los partidos aliados del gobierno, ha mantenido una posición favorable a la reducción. En su sitio web apuntan que como beneficios de dicha medida se encuentran: “subyugaría las enfermedades ocupacionales, mejoraría la salud de los trabajadores, permitiría aumentar los rendimientos académicos de los alumnos que trabajan, disminuiría el stress, mejoraría la educación, facilitaría el tiempo para que el proletariado se desarrollase polifacéticamente en áreas como las artes, el deporte, los estudios etc. La reducción de la jornada haría que muchos desempleados pudieran trabajar y se pudiese relanzar la producción de bienes y servicios con más alto estímulo y potencia. Se podrían emplear 2 ó 4 turnos de 6 horas, y muchas más personas tuvieran un trabajo menos agotador y destructivo”.
Cualquier modificación a la LOT debería incluir, por tanto, la disminución de las horas trabajadas por la masa laboral venezolana. Asimismo, la reforma debe incluir también la retroactividad de las prestaciones sociales.
Quienes integraron el parlamento en la última década eludieron el tema. No quisieron saber nada de retroactividad. La dirigencia política del país tampoco. En un extraño consenso, voceros del oficialismo y la oposición realizaron un pacto de silencio sobre el tema. El problema es que, igualmente, existe un mandato constitucional. Guste o no debe cumplirse. La retroactividad le fue arrebata a la masa laboral del país en 1997 con la promesa que con ello se garantizaría pleno empleo. La historia demostró que una vez más se engañó a los trabajadores. Constituyó, en cambio, un acto de regresividad de los derechos laborales.
Lo que se ha conocido públicamente sobre las razones del estancamiento es que unos de los puntos más polémicos y que genera duros enfrentamientos en sectores afines al gobierno es el tema de las prestaciones.
Los más consecuentes en la defensa de los intereses de la masa laboral no aceptan negociación en cuanto a la retroactividad. Otro sector afirma que no existen condiciones para su implantación porque implicaría incrementar significativamente los altos pasivos laborales del Estado. Quieran o no el mandato constitucional es claro. Los años pasan y no se cumple ni con la Constitución ni con los trabajadores y trabajadoras. Cualquier reforma a la LOT que omita esta dimensión es mantener, por la vía de los hechos, las políticas regresivas que retóricamente se cuestionan del pasado.
