Pues bien, cuando nos referimos a las políticas públicas desde una mirada de los derechos humanos no estamos muy distantes de esta idea, ya que además de convertirse en una vía de incidencia a través de la cual el Poder Ejecutivo (nacional, estadal y municipal) cumple o pretende cumplir con los objetivos y metas que el gobierno prioriza como fines del Estado, también puede formular políticas con el fin de asegurar la realización efectiva de derechos en beneficio principalmente, de los colectivos y grupos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad en el disfrute de esos derechos. Bajo ese orden de ideas, la evaluación de políticas públicas subraya la idea de la rendición de cuentas por las autoridades y permite valorar entonces el impacto que esas políticas tienen en el disfrute pleno de los derechos humanos, como de la manera en que el Estado está cumpliendo o incumpliendo con las obligaciones que de allí deriven.
Entre esas reglas y principios que aporta el marco de los Derechos Humanos podemos tomar en cuenta para la formulación y evaluación de las políticas públicas, entre otros, las nociones de igualdad, no discriminación, interdependencia de unos derechos frente a otros, progresividad de derechos, respeto al contenido esencial de los derechos, así como la inclusión de la participación autónoma, amplia y diversa de las comunidades y colectivos en general.
(Provea 20.07.07)
