Lo visto y oído el viernes pasado durante la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que se sometió Venezuela, dejó varios puntos para el análisis:
1) Venezuela nunca entendió el carácter cooperativo del mecanismo ideado por Naciones Unidas pues desde antes se hablaba de una “batalla” como si el escenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra fuese un teatro de operaciones militares. La realpolitik de Morgenthau llevada al paroxismo. Naturalmente, las reglas de procedimiento, el protocolo típico del multilateralismo y la propia dinámica del Consejo hicieron que los deseos belicistas quedaran en la imaginación criolla. Y pues, Venezuela sólo pudo presentar “su” visión de los derechos humanos en el país, que en opinión del suscrito, difiere de la situación real en el terreno o al menos, dista de la percepción general que sobre tales derechos existe a nivel de buena parte de la colectividad.
2) Nadie ganó, ni perdió. Y contar los países que se “alinearon” con la postura oficial de Venezuela es un absurdo. La idea del EPU no es vencer o quedar de último. Es plantear un panorama y más importante aún, responder las preguntas incómodas -cosa que Venezuela no hizo a ciencia cierta- y aceptar las recomendaciones del foro político, que como es de esperarse, naturalmente vendrán de aquellos países que no precisamente comparten el criterio oficialista. Y es que, aquellos para quienes todo está bien, nada tienen que recomendar pues consideran que no hace falta mejorar o cambiar nada.
3) De los países latinoamericanos que tomaron la palabra, sólo Chile tuve una postura neutral en la que reconoció los avances del Estado venezolano en distintos ámbitos pero se atrevió, aunque tímidamente he de decir, a plantear el tema de la libertad de expresión y de la inseguridad ciudadana. El resto de nuestros vecinos tuvo una deplorable posición, aunque acorde con las afinidades político-ideológicas de turno -Cuba, Nicaragua y Ecuador, por ejemplo- y sus intereses comerciales en Venezuela -caso Brasil, cuya diplomacia aunque sumamente profesional no deja de ser bastante pragmática-.
4)En lo personal, no me consta que no haya habido un proceso de consulta previa con las organizaciones de la sociedad civil venezolana -tal como lo exige Naciones Unidas-. Pero a juzgar por las declaraciones oficiales y notas de prensa gubernamentales, existe una especie de animadversión hacia dichas organizaciones.
Independientemente de lo que opinen las mismas y de su fuente de financiamiento -increíble que aún se discuta sobre esto último-, el Estado debería concertar instrumentos de cooperación con ellas, no sólo a efectos de evaluar sino de corregir lo que sea necesario corregir en materia de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil deberían ser vistas como aliadas y no como enemigos o agentes de potencias extranjeras.
5) Venezuela al participar plenamente en el Examen y de paso enviar a tan numerosa Delegación -y de tan alto nivel, como pocas veces he visto en reuniones de Naciones Unidas, obviando el debate general de la Asamblea General en Nueva York que ocurre una vez al año- está legitimando tanto al proceso evaluativo como al órgano donde el mismo tiene lugar. Y eso que justo Venezuela se opuso vehementemente a la creación de este Consejo. Pero rectificar es de sabios. Y en fin, sólo queda esperar que el país cumpla con las recomendaciones contenidas en el Informe Final que se dará a conocer hoy mismo.
El tiempo dirá qué enseñanza deja este EPU y qué mejoras palpables y tangibles deja para nosotros los venezolanos, que somos al final los que debemos disfrutar del efectivo goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. Esa responsabilidad recae inexorablemente sobre el Estado Venezolano y sus instituciones.
Internacionalista
twitter: @omarhUN
