El próximo 28 de octubre a las 2pm en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizara una audiencia sobre la Libertad Sindical en las Américas. Varias organizaciones sindicales y de derechos humanos solicitaron a la Comisión exponer la situación por la cual atraviesan los sindicalistas para ejercer su labor en defensa de los derechos del sector laboral.
La situación de la libertad sindical en Venezuela es preocupante. Si bien no se puede afirmar que en el país los sindicalistas no pueden ejercer sus actividades, es cierto que cada vez hay más obstáculos y riesgos principalmente para aquellos que ejercen su función en el sector público.
Lo que empezó hace una década con descalificaciones emanadas por altos funcionarios gubernamentales incluyendo al presidente Chávez, se transformó en el tiempo en acciones directas. Aproximadamente 120 sindicalistas han sido sometidos a juicio penal por ejercer el derecho a exigir derechos. De ellos 30 han sido encarcelados. El caso más emblemático es el del sindicalista Rubén González quien estuvo más de un año preso por liderar un reclamo laboral y hoy se encuentra en situación de libertad restringida.
Pero los tribunales penales han sido utilizados además para otras situaciones que atentan la libertad sindical. Algunos han dictado medidas prohíbiendo a sindicalistas acercarse a determinadas empresas, convocar asambleas y mucho menos exhortar a paros y huelgas. La consecuencia de no obedecer sería la cárcel.
Se suma a ello el despido de dirigentes sindicales tanto en el sector público como privado desconociendo el fuero sindical. Es el caso, por ejemplo, de despidos realizados por la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la empresa mixta Venerus o en la empresa privada Toyota para nombrar algunos.
Si los sindicalistas no son despedidos se lanza contra ellos toda una campaña para desprestigiarlos o intimidarlos y se amenaza a los trabajadores y trabajadores si asisten a las asambleas convocadas por el sindicato como ocurre actualmente en el Inces.
La discriminación por razones políticas también afecta la libertad sindical. El Consejo Nacional Electoral obstaculiza los procesos eleccionarios de sindicatos que tengan una línea crítica al gobierno y favorece los sindicatos pro gobierno. Las inspectorías del trabajo tramitan con excesiva lentitud los casos de violaciones al fuero sindical cuando se trata de sindicalistas no identificados con el gobierno o aún simpatizantes que mantienen una posición clasista y firme en defensa de los derechos laborales.
Finalmente hay que indicar que tal como ocurre con decisiones de organismos interamericanos de protección de los derechos humano , el Estado venezolano no acata las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Por estos motivos ayer protestaron los trabajadores y tienen razones para seguir protestando.
