Por Prensa Provea
Luis Rafael Escobar Ugas, presidente dela Fundaciónpara las Garantías, Prevención y Defensa de la violación de los Derechos Humanos (Fungaphehca), ha sido privado de su libertad, junto a otros miembros de su organización, por realizar una manifestación pacífica a las puertas del Ministerio Público. En una llamada telefónica Ugas declaró a Provea que, por denunciar el retardo procesal y promover mecanismos de contraloría social al sistema de administración de justicia, quieren sentenciarlo a 10 años por delitos que no cometió.
El pasado 21 de noviembre un grupo de activistas en derechos humanos del estado Anzoátegui se apostaron a las afueras del Ministerio Público, ubicado en Puerto La Cruz, para realizar una protesta pacífica, consistente en una vigilia, para rechazar las presuntas irregularidades de funcionarios dela Fiscalía, las cuales dan sustento a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en la región. Entre las situaciones que denunciaban, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, se encontraba el no procesamiento de las causas en el tiempo establecido, lo que ha originado diferentes denuncias ante la Divisiónde Inspección y Disciplina dela Fiscalía General de la República.Sibien en las pancartas que exhibían los defensores y defensoras contenían los nombres de los funcionarios y funcionarias que han incurrido en las anomalías denunciadas, los activistas aclararon que “que ninguna pancarta contenía mensajes obscenos ni ofensivos contra las personas, en ellas solo exigíamos nuestros Derechos a ser atendidos dignamente”.
Tras una noche de vigilia frente a la institución pública, según su propio testimonio, los activistas reciben una llamada telefónica que los alerta sobre la conformación de un grupo de choque, bajo engaño, integrado por personas de la comunidad “Jesucristo es el camino” bajo el argumento “Vengan a defender sus apartamentos porque si no van a ser desalojados por Luis Ugas”, siendo trasladados en un autobús en un grupo conformado por 40 personas. Al llegar al sitio, algunas de las personas más exaltadas agredieron al grupo que ejercía su derecho a la manifestación, según denuncian, bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público. Los activistas agredidos fueron llevados en supuesta situación de resguardo a la sede del CICPC en PuertoLa Cruz, quedaron privados de su libertad en la institución las personas Luis Rafael Escobar Ugas, Elizabeth Salazar, Lisbeth del Carmen León, Liban Farías e Ybis Yolima. Los hombres quedaron detenidos por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento. Las mujeres, por su parte, fueron sentenciadas a régimen de presentación.
Ugas declaró a Provea que “observa con preocupación la actuación del Ministerio Público, al no ser imparcial, en una situación donde existen dos grupos involucrados en unos mismos hechos y debían ser tratados por igual, hasta que se demostrara la responsabilidad por parte de ambas”. El activista, quien se encuentra recluido en el Penal “José Antonio Anzoátegui”, denuncia que fuentes no confirmadas le han dicho que lo sentenciarán a una pena de 10 años de privación de libertad, y que su integridad corre peligro en dicho centro penitenciario. Según su opinión, el origen de la retaliación se origina en la promoción que su organización he hecho denominada “Contraloría judicial penal civil”, para supervisar el trabajo del sistema de administración de justicia. “El ataque viene por aquí –declaró- pues no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al poder judicial”.
Los activistas de Fungapdehca han entregado un informe de los hechos enla FiscalíaGeneraldela República, solicitando la libertad de los detenidos y la investigación de las diferentes violaciones al debido proceso, así como la participación de funcionarios y funcionarias en presuntas violaciones al derecho a la libertad e integridad personal.
