Con la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del informe final presentado por el Gobierno se cerró este jueves el primer Examen Periódico Universal sobre la situación de las garantías fundamentales al que fue sometida Venezuela.
Ahora lo resta esperar cuatro años para ver si la decisión de las autoridades de negarse a adoptar medidas que permitan fortalecer la independencia del Poder Judicial, garantizar la libertad de expresión o permitir el ingreso de funcionarios de organismos internacionales para que verifiquen la situación de las garantías fundamentales se traduce en una mejoría de la situación actual.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, duda mucho que el camino escogido por el Estado permita que se produzca algún avance; y cree que se ha desaprovechado una oportunidad para comenzar a tomar acciones sobre problemas graves que aquejan al país.
-El Gobierno exhibe con orgullo el haber 97 recomendaciones en materia de Derechos Humanos que le hicieron distintos países durante el EPU. ¿Por qué cree esto no se traducirá en nada?
-La cosa preocupante es que Venezuela no asumió ningún compromiso real en materia de Derechos Humanos. Cuando por ejemplo con la excusa de la soberanía el Gobierno dice que él verá cuándo es el momento más oportuno para invitar a los organismos internacionales a visitar el país, que no puede revisar el tema de la administración de justicia ni el tema de la impunidad en agresiones a periodistas está enviando un mensaje claro de que no le interesa tocar temas que le problemas que ya no solo preocupan internamente sino a la comunidad internacional.
La mayoría de las recomendaciones que Venezuela aceptó tienen que ver con programas que ya se están desarrollando, como por ejemplo las misiones. Ahora lo que habría que ver es si esos programas forman parte de una política de Estado dirigida a mejorar sustancialmente la satisfacción de los Derechos Humanos o si son iniciativas para responder a necesidades inmediatas.
Una cosa es tener una política de salud con el dispensario, que es el primer lugar donde una personas puede conseguir auxilio; y luego si necesitas una operación, pues te lleven a un hospital dotado donde te pueden intervenir si es necesario; y otra es tener lo que hay aquí unos centros de atención primaria (Barrio Adentro) a donde te pueden entabillar o bajarte una fiebre, pero si es algo más serio te encuentras con hospitales colapsados.
-El Gobierno rechazó las recomendaciones que le hicieron en materia de justicia o libertad de expresión, por considerar que representaban una injerencia en los asuntos internos del país. Sin embargo, hay resoluciones de Naciones Unidas que Venezuela ha firmado donde se afirma que los Derechos Humanos trascienden las fronteras y que todos los ciudadanos, sin importar su nacionalidad, deben protegerlos.
-El Gobierno interpreta las recomendaciones como una injerencia en los asuntos internos, pero es difícil creer que más 40 países al unísono intentaron violentar la soberanía de Venezuela haciendo sugerencias para mejorar la independencia del Poder Judicial, para garantizar a los ciudadanos su derecho a la libertad de expresión, para poner fin al drama de las cárceles o para que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar su trabajo sin problemas. La soberanía es la típica excusa que ponen los países que intentan cerrarse, como en efecto lo está haciendo Venezuela, a la supervisión internacional.
-¿Qué opinión le merece el hecho de que Venezuela haya aceptado recomendaciones hechas por países con un cuestionable registro en materia de Derechos Humanos como Corea del Norte, donde hay miles de personas detenidas y el Gobierno dedica miles de millones de dólares a su arsenal, mientras millones pasan hambre; o Siria, cuyo régimen bombardea sus propias ciudades; y no acepte ni siquiera las que le hicieron países cercanos como Brasil, el cual le recomendó entablar un diálogo con las ONGs para desarrollar un plan nacional de Derechos Humanos?
-Venezuela es parte de un club de amigos y en ese club los amigos se retribuyen los favores. Si uno ve qué países participaron en la sesión de preguntas y respuestas de Venezuela, celebrada el 7 de octubre; y en la de Siria, que se realizó una hora antes, pues te encuentras que eran casi los mismos: Cuba, Ecuador, Bolivia, Irán, China, etc.
Los representantes de ese club madrugaron y se anotaron para intervenir primero y casi ninguno formuló críticas, sino que lanzaron puras alabanzas; mientras que los países que querían formular observaciones quedaron de últimos y algunos ni siquiera pudieron participar. Este es un mecanismo de bloqueo de los organismos internacionales.
-¿El espíritu del EPU se respetó? ¿Hubo ese diálogo interactivo que él busca?
-Para nada. No hubo ningún tipo de diálogo, porque cuando se dio la sesión del 7 de octubre los Estados que pudieron expresar inquietudes encontraron como respuesta a unos funcionarios, incluidos la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, que llegaron a leer un documento que tenían hecho. A la hora de aceptar y rechazar las recomendaciones no dio explicaciones razonadas y solo aceptó lo que venía haciendo, es decir no tomó nada que sirviera para avanzar.
Avanzar sería comprometerse, por ejemplo, a firmar y ratificar los convenios pendientes. Allí está el Protocolo Facultativo del Convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue firmado y ratificado, pero la Cancillería no lo ha consignado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y por ello no ha entrado en vigencia en el país.
-¿Cómo vislumbra la situación en el futuro? ¿Cómo cree que se encontrará el país cuando le toque comparecer nuevamente ante el Consejo de Derechos Humanos en cuatro años?
-¿Qué va a pasar en cuatro años? No lo sabemos, pero obviamente si el presidente Hugo Chávez gana las próximas elecciones creo que es muy probable que no se dé avances en materia de Derechos Humanos, al contrario podrían producirse retrocesos, porque la experiencia nos ha enseñado que cada vez que ha salido fortalecido ha dado unos manotazos a los Derechos Humanos. No hay más que recordar la propuesta de reforma constitucional que propuso (en 2007) meses después de haber sido reelecto.
Ahora si hay un cambio de Gobierno, pues no creo que el panorama será mucho mejor al menos mientras sigamos teniendo unos poderes Legislativo y Judicial comprometidos con un proyecto político y no un proyecto de Estado. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 19.03.12)
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