Nuevamente la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal «El Paraíso», mejor conocida como el Reten de la Planta, padeció la tragedia de las prisiones en Venezuela: el pasado viernes en la noche, mientras los internos disfrutaban la pernocta al lado de sus seres queridos, de repente se escuchó una detonación en el Pabellón Nº 1.
Todos empezaron a preguntar ¿qué paso?, ¿qué paso?, y el chamo «cabeza e plancha» respondió «Ender quebró a la jeva, se volvió loco».
Empezaron a buscar a Ender y no lo encontraban, el interno le había propinado un disparo a la cabeza de su cónyuge, y cuando lo localizaron, pudo ser oído, pero la sentencia ya estaba dictada, Pena de Muerte. La infortunada respondía al nombre de María Teresa, quien ingresaba directo del hospital Pérez Carreño a la morgue.
Deja a dos niños y de paso presuntamente estaba embarazada. Es la segunda mujer que muere por arma de fuego en la Planta, un establecimiento que fue construido para 350 internos y en la actualidad alberga dos mil seiscientos, de los cuales solo hay 350 condenados. O sea, tiene un hacinamiento del 642, 86 %.
Díganme ustedes, estimados lectores, cómo se puede hablar de humanización si lo que está haciendo el Estado, a través de la responsable de la materia, es una limpieza social; es decir, está legalizando la Pena de Muerte. Nuestro país tiene una deuda social, que no puede esconderse de buenas a primera.
En el Centro Penitenciario de Aragua («Tocorón») fue asesinado el interno Roy Richard Becerra, el cual se encontraba en problemas con algunos compañeros de infortunio, y salió a relucir los que se han comido la Luz, o sea, quienes incumplen el código interno de la población penitenciaria, y solo basto que salieran a relucir sus diferencias para que Richard fuese alcanzado por heridas por arma blanca.
En el Centro Penitenciario Región Andina, conocido como la Cárcel de Mérida, ya van 17 internos muertos, y han resultados heridos más de 50 en apenas cuatro meses de 2012. La pregunta que nos hacemos es, hasta cuándo señor. Si diéramos a conocer el número de internos no saldrían de su asombro. Pero parece que a nadie le interesa.
Les quiero dedicar a mis lectores 5 soluciones: 1.- Descentralizar los establecimientos penitenciarios, como lo establece el artículo 272 de nuestra carta magna.
2.- Los gobiernos regionales o municipales deberán capacitar personal para asumir la seguridad interna y externa que cumplan los parámetros internos e internacionales.
3.- Solicitar a la Asamblea Nacional un presupuesto adecuado que cubra mantenimiento, salud, educación, recreación, deportes, sueldos y salarios al personal, ajustado a los que ganan los funcionarios del Poder Judicial y el MP, porque si bien es cierto que el fiscal acusa y el juez sentencia, el director y el personal penitenciario deben convivir con el interno.
4.- Programas de construcción y refacción de retenes policiales, internados judiciales, anexos de damas y centros penitenciarios.
5.- Plan de Derechos Humanos: a.- Clasificación y separación de categorías.
b.- Solución al retardo procesal y otorgamientos de medidas alternativas de cumplimiento de pena.
c.- Sincerar el estatus jurídico de cada interno.
5.- Desarme de la población reclusa y combate a la corrupción. (Humberto Prado, Tal Cual, 25.04.12)
