Con motivo de su próxima incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997-1999), ha presentado una investigación donde postula el nacimiento de la universalización de la justicia. Luego de una investigación que se prolongó por un año Ayala Corao concluyó que si antes los organismos internacionales sentaban jurisprudencia acogidos luego por los estados, ahora también opera un proceso a la inversa y aquellos están elaborando legis lación a partir de experiencias locales y nacionales. «Asistimos al nacimiento de un nuevo derecho de fuente judicial, donde todas las diferencias se están borrando y los jueces, al interpretar los derechos, elaboran contenidos».
–Porque no están contemplados esas situaciones.
-Así es. Algunos filósofos del derecho han advertido que éste consiste en normas de contorno abierto donde no está dicho todo y toca al juez interpretar la norma. Históricamente tenemos derechos que nacieron en declaraciones nacionales (Revolución Francesa) que desembocan en las constituciones. Allí se contemplan los derechos que el Estado debe garantizar. Ideal prevaleciente hasta que un concepto de soberanía nacional absoluta, abusado por los regímenes fascistas y comunistas del Siglo XX, produjo la tragedia de millones de muertos. Entones la humanidad descubrió que no eran suficientes lo estados y soberanías nacionales y nacen los Derechos Humanos universales.
-Que pasan por encima de las soberanías nacionales.
-Por ser universales los derechos, los estados están obligados a respetarlos y garantizarlos. Si eso no ocurre, actúan los mecanismos internacionales de protección. Nace, así, el sistema europeo con una Convención de Derechos Humanos y una Comisión. En 1948 aparece el Sistema Interamericano, en el 59 la Comisión y diez años después la Convención para darle paso a la Corte. En los 80 les corresponde a los africanos y finalmente en Asia se perciben los primeros intentos. Paralelamente está le existencia de la ONU, con cinco comités y mas de treinta instrumentos específicos de DDHH.
-Todo un sistema mundial.
-La interpretación de los DDHH coincide en una especie de Constitución mundial que se alimenta de distintas interpretaciones. Aquí ocurre un fenómeno. Al principio los organismos internacionales establecían las interpretaciones y los Estado se limitaban a recibirlas. Pero cuando les tocaba decidir a los estados en un caso de violación grave de los DDHH se guiaban no sólo por decisiones de los sistemas internacionales, sino por sentencias de tribunales de otros países.
-Estaba hecho el trabajo.
-Sí, pero no es copiar y pegar, sino razonar cuál es la decisión justa sobre la base del consenso construido y los casos similares en otras latitudes. Eso contrasta con tribunales, que citan jurisprudencia, pero luego sus decisiones no tienen nada que ver con esas citas. Y ahí me refiero al TSJ venezolano, que en muchos casos toma decisiones cuya motivación se desvincula del razonamiento. Pero lo apasionante es que casi sin ponernos de acuerdo está naciendo un nuevo concepto de soberanía, y de soberanía de los derechos, así como de Estados democrático, (el estado de los derechos). Sin grandes postulados dogmáticos la humanidad se reencuentra con valores universales surgidos a partir de un diálogo de coincidencias.
-Te referías al abuso del concepto de soberanía por parte de los totalitarismos del siglo XX. ¿Pero no se está repitiendo la experiencia en el caso venezolano?
-Esa es, precisamente, una visión de la soberanía propia del siglo XIX y XX. En un mundo globalizado los estados deben tomar en cuenta esa interrelación para conseguir sus propósitos. Y eso vale para los acuerdos de integración en aspectos específicos como tarifas que no se pueden establecer unilateralmente. Una declaración de DDHH. supone una limitación a la soberanía absoluta en nombre de la protección de la persona humana, que es un valor superior.
-A contracorriente surgen vertientes que plantean, como lo hizo el canciller Maduro, estructurales paralelas y una invitación para abandonar la CIDH, que es como salirse de la OEA.
-Ese era el argumento de los militares en la dictadura Argentina, de Pinochet y de Fidel Castro, para eludir sus responsabilidades. Las miles de vidas que se pudieron salvar en Argentina se deben a un dedicado trabajo del Sistema Interamericano, acompañado de la comunidad internacional. El excanciller argentino Jorge Taiana me contaba que salvó su vida gracias a una visita de la CIDH a su centro de reclusión. En Chile estuvo al frente la Vicaría de la Solidaridad con el acompañamiento de la CIDH. Lo mismo en Perú. Y muchos de quienes hoy gobiernan en esos países, saben de la importancia, en tiempos de crisis, de un sistema internacional de protección de los DDHH.
-La dictadura argentina, con toda su carga de crímenes horrendos, permitió la presencia de la CIDH mientras en Venezuela se le niega esa posibilidad.
-Los poderes absolutos no existen y están limitados. Ahora, es necesario un guardián de ese poder. En la Constitución el poder lo limita la separación de poderes. Pero el Poder Judicial venezolano ha abdicado de sus facultades de control. Estudios como el del profesor Antonio Canova señalan cómo son excepcionales las decisiones que declaran la nulidad de un decreto del Poder Ejecutivo. Y cuando eso ocurre se pone en evidencia la necesidad de la protección internacional.
-¿Así las cosas, tiene sentido invocar la Constitución?
-El Sistema Interamericano coincide, en su búsqueda de justicia, con la Constitución del 99. Esta quizás sea una de las constituciones con más normas a favor de los DDHH. Sólo que las decisiones de la Sala Constitucional las desdicen. Allí están consagrados tratados sobre la materia como la Convención Americana sobre DDHH. Igualmente la protección internacional forma parte de la progresividad, mediante la cual se incorpora nuevos derechos que deben reconocerse, tal y como lo establece la Constitución.
-Eso no parece importarle al Gobierno
-Sería una grave violación de la Constitución deshacerse de los instrumentos internacionales de protección de las personas. Estas son el centro de las decisiones y favorecerlas con un fallo no es un acto de agravio estados o gobiernos. Pero además de las violaciones de normas internacionales, el artículo 31 de la Constitución señala que las personas tienen derecho de petición internacional y agrega (eso lo tienen pocas constituciones en el mundo) que el Estado está obligado a cumplir esas disposiciones.
-Pero no lo hacen y por eso se quieren salir.
-Allí se está acumulando una serie de decisiones internacionales de cumplimiento pendientes. Eso sucedió en el Perú de Fujimori, donde los tribunales militares declaraban inejecutables las sentencias de la CIDH. Por cierto que esas sentencias fueron citadas por la Sala Constitucional para declarar inejecutables algunas decisiones de la CIDH, lo cual resulta vergonzoso.
-¿Qué consecuencias generaría la salida de la CIDH?
-No sabemos cómo se concretará ese anuncio. Hay ambigüedad porque una cosa es salir de la Comisión y otra de la Convención y en el debate aparecen ambos conceptos. Pero si Venezuela denuncia la Convención sólo entra en vigencia un año después. En todo ese tiempo los hechos ocurridos hasta entonces vincularán al Estado venezolano de por vida y por tanto serán objeto de investigación y ejecución de sentencias.
-¿Qué pasará con los hechos posteriores?
-La CIDH conserva sus facultades porque es órgano principal de la Carta de la OEA. Según esto, cuando Estado adhiere a la Organización se sujeta a su mandato y según éste la Comisión es órgano principal en la promoción y defensa de los DDHH. Esto bajo la Declaración de Derechos de 1948, el Estatuto de la Comisión y el Reglamento de la CIDH. Así que no puedes escapar de la Comisión sino yéndote de la OEA.
-El Canciller invita a la deserción de otros países.
-No se cómo reaccionarán porque en el caso del Alba hay países que tienen excelentes relaciones con la Comisión y la Corte y hablo de Ecuador, Bolivia y Nicaragua. En otros casos hay países con una adhesión fuerte a la OEA: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Centroamérica.(Roberto Giusti, El Universal, 07.05.12)
