Dictadura argentina también acusó al organismo de violar la soberanía del país
«¡Ya basta! (…) Venezuela es un país independiente». Apelando así a la soberanía y a la autodeterminación el presidente Hugo Chávez justificó el pasado 30 de abril su decisión de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Horas después el canciller Nicolás Maduro agregó: «Venezuela tiene argumentos morales y jurídicos para defender su soberanía. Han pretendido imponerse al decirnos qué debe legislar la Asamblea Nacional, al desconocer las leyes internas. Han pretendido convertirse en una especie de tribunal supranacional que va a revisar las decisiones de nuestros órganos judiciales. Imagínense el caos en el que entraría una República, si (la CIDH) usurpando funciones y pretende decirle a los tribunales de un país cuál decisión está apegada o no a la ley».
Pese a que la posición del Gobierno no tiene asidero, al menos a la luz del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que ningún país que haya suscrito un pacto internacional «podrá invocar las disposiciones de su derecho interno» para justificar del incumplimiento del mismo, no es la primera vez que un miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) recurre a este argumento.
En 1980 el régimen militar que gobernaba a Argentina acusó a la CIDH de «interferir» en sus «asuntos internos» y dejó abiertas las puertas a retirarse de ese organismo, luego de que éste publicara un informe en el que aseguraba que «por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el período 1975-1979 numerosas y graves violaciones de Derechos Humanos».
«El Gobierno expresa su profundo desagrado tanto por los excesos en el que (el informe) incurre como por no guardar los requisitos mínimos de ecuanimidad y objetividad», se lee en un documento elaborado por la junta militar que encabezó el teniente general Jorge Rafael Videla, del que una copia reposa en la biblioteca Jimmy Carter de Atlanta (Estados Unidos) y a la que El Universal tuvo acceso.
En el escrito, de una página, el régimen que pasaría a la historia por ordenar que personas vivas fueran lanzadas desde el helicópteros al río de La Plata «manifiesta su preocupación por el hecho de que el citado informe interfiere en asuntos que competen a la jurisdicción interna del Estado»; y por ello advirtió que «no descarta en un futuro inmediato la adopción de medidas tendientes a disminuir las actividades de la OEA en el país».
El reporte de la CIDH fue el producto de la visita que un año antes ese organismo realizara al país austral, donde permaneció dos semanas recabando información y constatando las denuncias en relación con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de personas que venían ocurriendo desde el golpe que derrocó a Isabel Martínez de Perón en 1975.
Antes el TSJ apeló a Fujimori
Casi cuatro años antes de que el presidente Chávez anunciara su decisión de retirar a Venezuela del sistema interamericano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había instado al Gobierno a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual en la práctica supondría la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana más no de la Comisión.
La solicitud la formuló la Sala Constitucional al declarar «inejecutable» el fallo en el que el juzgado continental le ordenó reincorporar a tres magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo destituidos en 2003.
En ese dictamen el máximo juzgado citó una sentencia que dictó la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú en 1999, casi al finalizar el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000); y en la cual afirmó que la aplicación de una resolución de la Corte Interamericana «pondría en grave riesgo la seguridad interna de la República», pues contrariaría a la Constitución de ese país.
Argumento demodé
Para el catedrático en Derechos Humanos, Fernando Fernández, las razones esgrimidas por el primer mandatario están «pasadas de moda» y forman parte de «una interpretación de la soberanía del siglo XVII, de los estados absolutistas».
Tras advertir que la eventual materialización del anuncio presidencial implicaría «una amputación de los artículo 19 y 23 de la Constitución, los cuales establecen la progresividad de los derechos y le dan rango constitucional a los tratados de Derechos Humanos», el experto afirmó: «Salirnos del sistema interamericano sería más grave que eliminar la jurisdicción de protección de Niños y Adolescentes, porque el primero ampara a todos los ciudadanos sin importar su edad».
Fernández recomendó al Ejecutivo que evalúe la efectividad del equipo que lo representa tanto en la Comisión como en la Corte para determinar si han actuado correctamente a la hora de responder denuncias presentadas contra el país.
Similar sugerencia formuló el profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Armando Figueredo, quien no se mostró sorprendido porque el Gobierno venezolano, que se califica como socialista, apele a los mismos argumentos que regímenes fascistas como la última dictadura militar argentina.
«Lo que pasa es que el comunismo y el fascismo en materia de violación de Derechos Humanos se parecen mucho», sentenció.
El GIRO DE CHÂVEZ
«Nefasta», «basura» o «mafia». Estos han sido algunos de los calificativos que en los últimos años le ha dado al presidente Hugo Chávez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, esto no siempre fue así.
El Jefe del Estado ha sido el único mandatario del continente en visitar la sede del organismo en Washington (Estados Unidos), lo hizo al poco tiempo de asumir el poder y allí prometió que lo fortalecería.
Incluso luego del golpe de Estado de abril de 2002 el Presidente mantuvo buenas relaciones con la Comisión, a la que invitó a visitar el país para constatar la situación de las garantías fundamentales y a contribuir con el esclarecimiento de los hechos que provocaron su breve derrocamiento. En esa ocasión el mandatario se reunió con los miembros del organismo en el Palacio de Miraflores, incluido su secretario Ejecutivo, Santiago Cantón; y les agradeció su actuación durante los sucesos.
En abril de 2002 la CIDH emitió dos comunicados rechazando la ruptura del hilo constitucional e inició los trámites para dictar medidas de protección a favor del entonces depuesto Jefe del Estado y del entonces diputado Tarek William Saab.
Durante la visita del organismo, celebrada entre el 6 y el 10 de mayo de ese año, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel aseguró: «Los miembros de la CIDH vendrán cada vez que ellos quieran». Promesa que no se materializó.
Rangel hoy forma parte del Consejo de Estado, instancia que debe buscar la manera para retirar al país del Comisión.
Las autoridades justifican su giro en el supuesto reconocimiento del organismo al Gobierno de facto de Pedro Carmona, debido a una comunicación que le envió.
Por su parte, desde la CIDH replicaron: «¿A quién le íbamos a pedir información sobre Chávez más que a quienes lo tenían?». Fuentes de la instancia aclararon que «durante los años 70 y 80 envíamos cientos de cartas a dictadores y eso no significaba que los estuviéramos reconociendo, sino que era la única vía para velar por las víctimas»; y achacaron el cambio del Presidente a su desagrado a la supervisión internacional.
El Universal 20.05.12
