Aunque no quiso referirse a la situación del Poder Judicial venezolano, debido a que su visita no era oficial sino académica, la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, Gabriela Knaul, dejó entrever que los tribunales nacionales tienen mucho camino que andar para considerarse plenamente independientes.
Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al escuchar la conferencia que este lunes dictó la jurista brasileña en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y donde dijo que los requisitos para que un sistema judicial es autónomo son: «Que los jueces ingresen en la carrera por criterios objetivos, que tengan inmunidad para decidir, que los procedimientos disciplinarios no sean utilizados como mecanismos de persecución, que tenga un salario digno, que el Poder Judicial tenga un presupuesto adecuado y que tenga infraestructura necesaria para que los jueces puedan realizar su trabajo; y que sea institucionalmente preservado de interferencias externas o de presiones indebidas».
El Universal pasó revista a este listado de principios y se encontró que Venezuela solo cumple algunas de ellas.
Sobre el ingreso de los jueces, pues desde 2007 el Tribunal Supremo no celebra ningún concurso de oposición para asignarle a un abogado un juzgado y ha seguido con su política de nombrar con carácter temporal o provisorio a los inquilinos de los distintos despachos existentes o de los que ha creado.
En la actualidad se estima que más de la mitad de los 1.900 jueces que hay en el país son provisorios o temporales.
Respecto a la inmunidad al momento de decidir y a que los procedimientos disciplinarios no sean empleados como formas de presión, pues a lo largo de esta década se ha conocido decenas de casos de jueces han sido removidos por decisiones que no han agradado. Un ejemplo de esta situación es el caso de la jueza Alicia Torres, quien se negó a prohibirle salir del país al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. El hecho de que la mayoría de estos funcionarios no fueran titulares ha facilitado su salida.
Aunque el Código de Ética del Juez establece que todos los jueces señalados de cometer una falta, sin importar su condición, deben ser sometidos a procesos antes de ser sancionados, el máximo juzgado ha obviado esto en las últimas semanas y ha continuado destituyendo jueces, aunque bajo la figura de que fue «dejada sin efecto su designación».
En el país tampoco se cumple el principio de evitar presiones indebidas sobre el Poder Judicial. Prueba de ello son los constantes «exhortos» del presidente Hugo Chávez para que fiscales y jueces adopten determinadas medidas.
En marzo pasado el mandatario pidió procesar a quienes denunciaron que el agua que consumían los venezolanos estaba contaminada. Horas después la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, abrió una investigación y pidió a los tribunales prohibir a los medios de comunicación difundir información sobre la calidad del agua que no estuviera respaldada con informes técnicos y los juzgados aceptaron dicha solicitud ese mismo día.
El requisito sobre las remuneraciones dignas de los jueces se cumplió durante un tiempo, pero desde 2006 estos funcionarios no reciben ajustes superiores a la inflación. El año pasado recibieron un aumento de apenas 10%, pero precios subieron en más de 26%.
Venezuela cumple cabalmente el principio relacionado con el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento de sus tribunales, pues la Constitución, en su artículo 254, establece que al sistema judicial se le concederá no menos del 2% del presupuesto nacional.
En 2012 al TSJ se le asignó 6,5 millones de bolívares y al Ministerio Público 1,7 millones de bolívares, lo cual equivale a casi el 7% del presupuesto. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 06.06.12)
