Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 29,4 millones Esperanza de vida: 74,4 añosMortalidad infantil (‹5 años)17,5 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 95,2 por ciento
Venezuela
Los defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas, y se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores del gobierno. Los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia o para disuadir con eficacia de cometer abusos policiales continuaban siendo endebles. En el sistema penitenciario, cuyas condiciones eran de hacinamiento extremo, hubo episodios graves de violencia que desembocaron en varias muertes.
Información general
La violencia delictiva y policial siguió siendo un problema grave en las ciudades de Venezuela. En mayo, el gobierno creó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, cuyo cometido era abordar la proliferación de armas pequeñas que alimentaban la violencia. En noviembre, el presidente Chávez sacó a la calle a las tropas de la Guardia Nacional para atajar la delincuencia violenta generalizada.
Continuaron las protestas sociales. Solamente en septiembre, el Observatorio de Conflictividad Social venezolano registró 497 protestas sobre diversas cuestiones, como los derechos laborales y la seguridad pública.
En octubre, la actuación de Venezuela en materia de derechos humanos fue sometida al examen periódico universal de la ONU. Los Estados expresaron preocupación por varias cuestiones, como la independencia del poder judicial, las amenazas y el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos, las condiciones de reclusión, la libertad de expresión y la impunidad.
En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia incumplió sus obligaciones internacionales legalmente vinculantes al no acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba levantar la prohibición de la candidatura electoral del político de la oposición Leopoldo López.
Defensores y defensoras de los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas y fueron objeto de acusaciones infundadas por parte de autoridades gubernamentales y de los medios de comunicación estatales. A las organizaciones de derechos humanos les preocupaba la posibilidad de que su labor se viera dificultada por la ausencia de definición de los “derechos políticos” en la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010. La Ley prohibía que las organizaciones que se consideraba que trabajaban por la defensa de derechos políticos reciban fondos internacionales.
- En junio, Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, fue objeto de una campaña de intimidación y amenazas de muerte después de pedir al gobierno que abordase pacíficamente un motín en la prisión El Rodeo. Tras las acusaciones formuladas contra él por ministros del gobierno y por los medios de comunicación oficiales, un blog publicó sus datos de contacto con una nota que decía: “Próximamente datos familiares […] para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”. Su esposa recibió una llamada anónima en la que le dijeron que Humberto sería “el próximo en caer”.
Policía y fuerzas de seguridad. Siguieron recibiéndose informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, tales como homicidios ilegítimos y torturas. La mayoría de estos abusos no se investigó debidamente, y apenas hubo actuaciones judiciales.
- En mayo, dos encapuchados asesinaron a Juan José Barrios en Guanayén, estado de Aragua. Juan José era el séptimo miembro de la familia Barrios asesinado en circunstancias que indicaban la implicación de miembros de la policía estatal de Aragua. En enero, Néstor Caudi Barrios, que había presenciado la ejecución extrajudicial de Narciso Barrios en 2003, sufrió lesiones permanentes tras ser tiroteado por dos hombres que viajaban en motocicletas. Al finalizar el año no se tenía conocimiento de ningún avance en las investigaciones sobre estos ataques.
- En enero, unos agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Caracas amenazaron y golpearon a Daniel Antonio Núñez y a su hija de 16 años, Francis Daniela Núñez Martínez, aparentemente para intimidarlos a fin de que no declarasen como testigos de un tiroteo ocurrido cerca de su casa.
- En febrero, la ex esposa y las hijas de corta edad del policía Johny Montoya fueron amenazadas de muerte. Johny Montoya había denunciado la creciente corrupción del ex superintendente en jefe de la Policía Municipal de Caracas.
Represión de la disidencia. Se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores del gobierno.
- En febrero, Rubén González, secretario general del Sindicato Integral de Trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), fue declarado culpable de varios delitos, como incitación a delinquir y agavillamiento (conspiración), por organizar una huelga en 2009, y fue condenado a siete años de prisión. Tres días después, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su libertad condicional.
- En julio, un tribunal penal de Caracas declaró a Oswaldo Álvarez Paz, miembro de un partido de la oposición y ex gobernador del estado de Zulia, culpable de difundir “información falsa” por criticar al gobierno en unas declaraciones emitidas por Globovisión en marzo de 2010. Álvarez fue condenado a dos años de prisión, aunque posteriormente el juez le permitió cumplir la pena en libertad condicional.
Independencia del poder judicial. La independencia e imparcialidad del poder judicial siguieron suscitando preocupación.
- En febrero, la jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente en diciembre de 2009 tras conceder la libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, fue puesta bajo arresto domiciliario. Llevaba más de un año en prisión, donde había recibido amenazas y le habían denegado la atención médica adecuada. La jueza Afiuni se negó a entrar en la sala de audiencias como protesta por las violaciones del debido proceso. En diciembre, su arresto domiciliario fue prorrogado dos años más.
Condiciones de reclusión. La violencia seguía siendo endémica en las prisiones, aquejadas de hacinamiento crónico. En junio, los enfrentamientos entre bandas rivales en la prisión El Rodeo se saldaron con la muerte de alrededor de 27 reclusos.
En julio, la ministra de Servicios Penitenciarios anunció unos planes para excarcelar al 40 por ciento de la población penitenciaria con el fin de aliviar la situación de hacinamiento. En noviembre amenazó públicamente con destituir a los jueces que bloquearan sus planes de acelerar los juicios de detenidos acusados de delitos menores. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó de que en 2010 sólo una cuarta parte de la población penitenciaria cumplía condena; el resto de los reclusos estaban siendo juzgados, en espera de una audiencia preliminar o sometidos a investigación.
Libertad de expresión. Hubo nuevas restricciones a la libertad de expresión. En octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo estatal regulador de los medios de comunicación, impuso una cuantiosa multa a Globovisión por vulnerar la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La emisora de televisión fue acusada de “apología al delito” y de promover “el odio por razones políticas” por su cobertura del motín en la prisión El Rodeo. Globovisión, cuyos periodistas ya habían sufrido amenazas y ataques, y que era objeto de otras investigaciones administrativas, apeló contra esta última medida en noviembre. Al finalizar el año, la apelación estaba aún pendiente.
- Leocenis García, editor del semanario Sexto Poder, fue detenido en agosto acusado de “vilipendio a funcionario público y ofensa pública por razones de género” en relación con la publicación, ese mismo mes, de un artículo satírico que incluía un fotomontaje con imágenes de altos cargos femeninos del gobierno. Quedó en libertad condicional en noviembre.
Violencia contra mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Pese a las medidas adoptadas en los últimos años, las autoridades no habían elaborado aún un plan de acción para abordar este tipo de violencia, ni habían tomado medidas para aplicar el Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. (Amnistía Internacional, 22.06.12)
