Venezuela, Ecuador y Nicaragua criticaron este miércoles la propuesta para su propia reforma que presentó la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que miembros de la sociedad civil defendieron al organismo ante lo que consideran intentos de debilitar su labor.
Durante dos largas audiencias en Washington, representantes de Estados de toda América y miembros de 67 ONG e instituciones de derechos humanos se pronunciaron sobre el documento que emitió la CIDH en respuesta a las recomendaciones aprobadas en enero por los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La representante alterna de Venezuela ante la OEA, Carmen Velásquez, consideró que la propuesta de la CIDH «reincide en varios errores alertados por los Estados miembros» y está llena de «intencionalidades que no parecen convertirse en compromisos».
Su mayor crítica se centró en el capítulo IV del informe anual de la CIDH, conocido popularmente como su «lista negra» y que señala a los países del continente que no cumplen en derechos humanos, en el que en 2011 incluyó a Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.
«El capítulo IV perturba e impide un diálogo entre la CIDH y los países y revela un empeño en denunciar selectivamente a una serie de países», apuntó Velásquez, al lamentar que el organismo rechazara la recomendación de ampliar el apartado para que abarque, en vez, a todos los Estados de la OEA.
En su lugar, el organismo autónomo de la OEA propuso eximir del capítulo IV a los países que reciban ese año una visita de la comisión, pero este punto también fue criticado por Venezuela, que no recibe una visita de la CIDH desde 2002.
«Venezuela no negocia su soberanía, y desde ya reiteramos que no haremos un canje de visita para ser excluidos del capítulo IV», sentenció Velásquez, que aseguró que su país no reconsiderará su denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y opinó que «es la Comisión quien debe reflexionar sobre este proceso».
El representante de Nicaragua, Denis Moncada, propuso «dejar sin efecto el capítulo IV, por ser de naturaleza discriminatoria y susceptible de manipulación política».
Además, defendió «unificar el informe anual para que el trabajo de todas las relatorías esté reflejado en él, y que no se dé preeminencia a unas sobre otras», en aparente alusión a la división dedicada a Libertad de Expresión, una de las que más recursos recibe y que es acusada de sesgo por varios países bolivarianos.
Por su parte, Ecuador puso en tela de juicio la reflexión de la CIDH sobre su propia reforma y su capacidad de decidir si acepta o no unas recomendaciones que, por ahora, no son vinculantes.
«El Ecuador ratifica que corresponde a los Estados miembros decidir sobre tan trascendental tema», apuntó la embajadora ecuatoriana ante la OEA, María Isabel Salvador, quien advirtió que su país «no aceptará un proceso paralelo que pretenda sustituir el iniciado por los Estados miembros».
Mientras, los representantes de EE.UU., Canadá, Perú, México, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala y Panamá apoyaron en términos generales la respuesta de la CIDH y valoraron su esfuerzo de consulta a la sociedad civil.
EE.UU. y Canadá centraron su preocupación en el «atraso procesal» que presenta la Comisión, Panamá pidió «fortalecer la relatoría de la libertad de expresión», y Brasil y Guatemala pidieron facilitar el levantamiento de medidas cautelares o de protección.
A esa última idea se opusieron durante la segunda sesión activistas como Vilma Núñez, miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien advirtió que «los requerimientos adicionales a las medidas cautelares podrían presentar retrasos en situaciones de urgencia».
Carlos Quesada, representante de Global Rights, consideró que «el actual proceso de fortalecimiento (de la CIDH) lo que en realidad busca es su debilitamiento» y pidió que el organismo privilegie «la protección por encima de la promoción» de derechos humanos.
Viviana Kristicevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, alertó de que las reformas que se pretenden realizar «pueden hacer que la Comisión haga menos y proteja menos», en lo que coincidió Eduardo Bertoni, del Centro de Estudios en la Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
«La historia juzgará a los gobernantes, pero también juzgará a la Comisión Interamericana si no sabe resistir a las presiones para introducir cambios que la debiliten», indicó Bertoni.
El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, pidió que se tenga en cuenta la escasez de recursos del organismo.
«Esperamos que haya una convergencia entre las legítimas exigencias al sistema y los recursos financieros asignados para cumplir con todos estos mandatos», señaló Orozco, que presidirá el miércoles próximo otra audiencia sobre el tema en la OEA. (El Carabobeño, 01.11.12)
