El pasado 12 de noviembre Venezuela recibió, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el número de votos suficientes para ingresar al Consejo de Derechos Humanos. Esta incorporación se formalizará el próximo 1 de enero de 2013.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), tiene como objetivo principal considerar las situaciones de violaciones a estos derechos y hacer las respectivas recomendaciones a los Estados miembros. Uno de sus mecanismos para cumplir estos fines, es realizar el examen periódico universal (EPU), sobre la situación de derechos humanos de cada país. Este Organismo de la ONU, además, permite que personas naturales y organizaciones de la sociedad civil realicen denuncias sobre infracciones a los derechos humanos.
Pero realmente ¿Venezuela ha sido ejemplo de solvencia y goza de reputación en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, como aval para su ingreso a este Consejo? ¿Desde esa tribuna nuestro país busca contribuir con la defensa y amparo de los derechos humanos dentro y fuera de nuestra nación? O, acaso ¿el escenario del CDHNU servirá al gobierno de Venezuela para criticar y descalificar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la preservación y reivindicación de los derechos humanos en el país? O más bien ¿a partir del ingreso de Venezuela en este Consejo, el gobierno nacional se considerará investido de cualidades extraordinarias y profundizará el entorpecimiento de las iniciativas que denuncian violaciones a los derechos humanos, bien sean cometidas en nuestro país o bien que sean perpetradas en el territorio de otros países?
Al respecto, algunos especialistas opinan que esta elección al CDHNU obedece no tanto a las credenciales de Venezuela en esa materia, sino a que el gobierno de nuestro país aprovecha la coyuntura de debilidad del proceso de elección para este organismo de las Naciones Unidas. Otros señalan que esta incorporación es producto de la naturaleza política de ese Consejo. Incluso se ha afirmado que esta designación deriva de los compromisos que tienen algunos países con Venezuela, por diversas razones políticas, económicas e ideológicas.
No olvidamos que precisamente este año 2012, el gobierno venezolano denunció a la Convención Americana de Derechos Humanos, paso previo al retiro de Venezuela de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en nuevos casos de denuncia por violación a estos derechos. Por eso, el ingreso de nuestro país al CDHNU, no debería ser utilizado por el gobierno para evadir obligaciones en la materia y menos aún, para guardar silencios cómplices en caso que sus aliados políticos e ideológicos en otras latitudes, sean objeto de denuncias.
Desde ese espacio se debería auspiciar, realmente, la protección de los derechos humanos, brindándonos seguridad de su cumplimiento tanto en Venezuela como en el mundo. Ahora más que ayer, Venezuela debe cumplir las recomendaciones para evitar violaciones y las sentencias dictadas por las faltas cometidas.
