Si hay algo que quedó claro, luego del pasado proceso electoral es que el país está dividido en dos partes y que lamentablemente, la polarización se ha agudizado y que los dispuestos a servir de diques para evitar confrontaciones mayores no abundan.
Esa situación delicada impone, en primer lugar a la institucionalidad una gran responsabilidad y es dar estabilidad y tranquilidad al pueblo y promover la convivencia pacífica. No convertirse en elementos para exacerbar emociones ni para profundizar las heridas y las diferencias. Si esta obligación no se entiende podríamos ir hacia una tragedia nacional.
Instituciones claves para los derechos humanos como el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República o la Defensoría del Pueblo tienen una enorme responsabilidad histórica en estos momentos. Tomar partido y diluir las funciones Constitucionales que les corresponden no sólo desdibuja sus obligaciones, sino que impide que sean un muro de contención para la violencia y para la pervivencia del Estado democrático.
La gente necesita ser escuchada, oxigenar sus pretensiones y que sus exigencias sean procesadas con respeto a las diferencias en un ámbito de legalidad y por instituciones que garanticen un mínimo de autonomía. Si la institucionalidad toma partido se bloquean los canales de convivencia para dirimir las diferencias existentes de manera legal y pacífica, colocando a la sociedad al abismo.
Por otro lado, la polarización existente desde lo político si hay algo que impone es que los líderes de los dos sectores que hoy se visualizan en el país, asuman la responsabilidad histórica de defender sus posiciones sin salirse de los principios y las obligaciones que se derivan del respeto de los derechos humanos.
En ese sentido, en democracia un elemento insustituible es establecer canales de diálogo. Por más que existan diferencias y que estas sean equidistantes siempre el diálogo y el respeto a las personas es imprescindible. Deben existir para quienes deseen, desde sus posiciones, el bien del país un mínimo de temas acordados y entre ellos de manera preponderante el respeto a la persona, a su dignidad y a la protección y garantía de sus derechos.
Otro aspecto importante para bajar la tensión y evitar la confrontación, es responsabilidad en el uso del lenguaje. No es aceptable que ante las diferencias políticas, el liderazgo y más gravemente la institucionalidad establezcan un esquema que basándose en posiciones supuestamente antagónicas pierdan el respeto a la persona. El insulto y la utilización ligera de términos tan graves como “fascismo”, “asesinos”o “traidores a la patria” pretenden deshumanizar a las personas y en ese terreno hacer que cualquier acción en su contra sea válida.
La lucha por la igualdad comienza por reconocer al otro y defender la posibilidad de su existencia a pesar de las diferencias. Todas las opciones políticas son legítimas siempre que estén en el marco del respeto de los derechos humanos.
Todas las personas, sin distinciones, tenemos derecho a pensar diferente y a expresarlo y eso nos humaniza y nos enriquece.
Los derechos humanos no corresponden a una forma de actuar determinada, ni a una clase social ni a una raza. El respeto y la garantía de los derechos humanos no es una dádiva de un gobernante ni una concesión de un Estado, son simplemente obligaciones que deben ser cumplidas. Comprender eso es asumir y vivir la democracia.
Por nuestro lado, las ONGs debemos seguir transitado esa línea tenue que aún queda en el país y que pertenece a quienes no debemos tomar partido, debemos continuar con coherencia haciendo los señalamientos que devienen de nuestro mandato y que ya hemos hechos en el pasado. No somos ni gobierno ni oposición. Y tenemos derecho a existir.
Defendemos a todos, ese es nuestro único mandato y legado y a pesar de que las circunstancias se extremen debemos afirmarnos en él.
