El 14A demostró que la correlación de fuerzas dio un viraje impensable hace unos meses y la aplanadora roja quedó en el pasado. La institucionalidad está en la obligación moral y constitucional de garantizar la tranquilidad de la población
La crispación política y social en la que se encuentra nuestro país forma parte del repertorio de estrategias para conservar el poder o para alcanzarlo. Los resultados del pasado 14A demuestran que la balanza está pareja, que la correlación de fuerzas dio un viraje impensable hace unos meses, y la aplanadora roja quedó en el pasado. También hay que reconocer que esta balanza no mide a sectores políticos y sociales minoritarios que no se identifican con los dos grandes bloques.
El estrecho margen reflejado en los cómputos del CNE mantiene al país en vilo. Serios cuestionamientos sobre el órgano electoral impiden el reconocimiento de sus resultados. La institucionalidad venezolana está en la obligación moral y constitucional de garantizar la tranquilidad de la población y sobre todo de respetar la voluntad de las mayorías.
Todavía tenemos frescos los recuerdos de abril 2002 donde no hubo un ganador, perdimos todos al permitir la siembra de la división y exclusión en nuestro día a día.
EL EJEMPLO QUE LA AN DIO
La crisis política que estamos viviendo no se puede ocultar aunque utilicemos la retórica o cualquier eufemismo para evitar alarmas y no crear pánico en la población o en nuestras familias.
El Poder Legislativo se ha encargado de demostrar al mundo la grave situación, y si alguien tiene dudas solo debe mirar los actos bochornosos de la semana pasada en la Asamblea Nacional, donde de manera insólita un grupo de diputados fue agredido salvajemente.
Pero más insólita aun es la respuesta de algunos sectores afectos al oficialismo que justifican la violencia. Esperamos que la justicia impere y se establezcan los responsables.
Quienes están ejerciendo el poder deben tomar en cuenta el discurso de quienes avalan y promueven la violencia. Con los hechos de la AN el mensaje que se le da a la población es claro y directo: no hay diálogo y no hay negociación con la oposición.
Nos preguntamos si los ideólogos y asesores del Ejecutivo habrán analizado lo que pasaría si ese mensaje cala en la población, en la cotidianidad, en el movimiento popular.
¿Qué pasaría si las cinco mil protestas que ocurren en Venezuela cada año siguen el ejemplo de la AN? Es probable que las acciones de protesta dejaran de ser pacíficas, como lo han sido en un 98% hasta la fecha. Imaginémonos, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana a las puertas de Miraflores o en la sede de la CVG, empleando el mismo método de debate y diálogo utilizado en la AN.
ACOSO LABORAL
Entre las prácticas antidemocráticas y que infringen la Constitución, las leyes, las normas internacionales sobre el trabajo y violan los derechos humanos están el acoso y la discriminación laboral por motivos políticos, y tristemente estamos viendo ponerlas en práctica en la Venezuela de hoy.
Numerosas son las denuncias, básicamente de funcionarios públicos, que están circulando sobre despidos, coacciones y amenazas a trabajadores y empleados que de alguna forma han mostrado su preferencia electoral hacia el candidato presidencial de la oposición o que no han mostrado abiertamente su inclinación hacia el oficialismo.
El alto gobierno debe instruir a sus funcionarios sobre la obligación que tienen de respetar la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos estos instrumentos protegen a los trabajadores de la discriminación política o de opinión y obligan a los empleadores a no usarla.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El gobierno está transitando sobre la línea amarilla. Detenciones de ciudadanos, represión a manifestantes, criminalización de la protesta y del trabajo de las ONG y agresiones a quienes piensan distinto, son prueba de ello.
Esta postura radical y poco democrática no favorece la gobernabilidad y empaña a una administración que lleva tres semanas tratándose de quitar la etiqueta de ilegitimidad.
Dentro del gobierno y del llamado oficialismo debe haber sectores que no apoyan estas irregularidades que describimos. Probablemente sean ellos los llamados a intervenir puertas adentro para tratar de que quienes están diseñando estas políticas de exclusión, represión y enfrentamiento, recuperen la sindéresis y la senda de la legalidad.
El hecho político no puede cabalgar sobre la violación a los derechos humanos y a las leyes. Es inaceptable y sus consecuencias pueden ser desastrosas e imperdonables. (Mikel Las Heras y Marco Antonio Ponce, Conflictove, 07.05.13)
