La criminalización de las protestas laborales desde sectores oficiales se ha convertido en el centro del debate de movimientos sindicales y organizaciones no gubernamentales, que ven con preocupación la agudización de la problemática.
De acuerdo al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en los últimos ocho años, por vía legislativa, se ha convertido el derecho a huelga en un delito.
El coordinador del grupo, Marino Alvarado, contabiliza no menos de cuatro leyes que establecen penas a los trabajadores que convoquen o participe en una huelga.
«Ha habido trabajadores presos a quienes se les ha aplicado la Ley de Seguridad de la Nación, como es el caso de Rubén González (de Ferrominera), y trabajadores sometidos a juicios penales a quienes se les ha aplicado la Ley contra el Acaparamiento», expresó.
Aunado a esto, Alvarado resaltó que se han aplicado leyes para abrir juicios en tribunales militares, como ocurrió con cinco sindicalistas que estuvieron presos en la cárcel de Santa Ana por paralizar una obra de la Misión Vivienda.
«Lo que hemos visto es que por la vía legal y por acción del Ministerio Público se está convirtiendo el derecho a huelga en un delito», dijo el defensor de derechos humanos.
Provea viene impulsando una campaña en defensa del derecho a huelga, con base a lo que establece en el artículo 97 de la Constitución.
No obstante, la Central Bolivariana de Trabajadores refiere que no todos los conflictos laborales son legales.
Wills Rangel, presidente de la central obrera, aseguró que buena parte de los reclamos están marcados por intereses políticos.
«Todos saben que quienes están en eso tienen un fin de desprestigiar al Estado, un Estado que es maula, que supuestamente no respeta convención ni derechos de los trabajadores», manifestó.
Para el dirigente sindical una muestra de que en algunos casos no existe voluntad de negociación, sino de ir al conflicto, es la demanda de aumentos salariales de 150%.
A su juicio, es necesario rescatar el artículo 473 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la mediación para la solución pacífica de los problemas entre patronos y empleados, previa a la etapa del conflicto.
«Los sindicatos tenemos en la conciliación la oportunidad de resolver los conflictos», agregó el presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores.
Para otros sindicatos, como Únete y Fadess, se pretende cercenar el derecho a la huelga.
Provea sostiene que la huelga es producto de la falta de atención de las autoridades durante la etapa conciliatoria, con lo cual no queda más alternativa que protestar.
Para el coordinador de la organización no gubernamental la criminalización del derecho a huelga es «la expresión no democrática en el ejercicio de un Gobierno». Consideró que no solo deben respetarse los mecanismos de protesta, sino ofrecer también respuesta a las demandas laborales.
Alvarado precisó que en 2012 se registraron más de 2.600 conflictos laborales, en su mayoría por violación de contratos colectivos. Las expectativas son que este año se incremente esta cifra, debido a las condiciones económicas y sociales. (Yaneth Fernández, El Universal, 08.07.13)
