El tiempo parece estar dando la razón de los augurios negativos que se habían asociado a la aplicación del Plan Patria Segura en las calles.
A la tragedia ocurrida en Falcón, responsabilidad de efectivos de la Guardia Nacional, se suman otras arbitrariedades militares.
En Carabobo, por ejemplo, la represión de los castrenses frente a una protesta en un supermercado Bicentenario dejó un saldo de más de 10 personas heridas, según se denunció en los medios impresos de la entidad.
En el Zulia, un FAL espontáneo le quitó la vida a una señora, y en la ciudad de Caracas varios habitantes han reportado ser agredidos en las alcabalas instaladas, tal como los sostiene Marino Alvarado, coordinador genera del Provea.
Alvarado afirma que ha quedado demostrado que la militarización de la seguridad ciudadana no garantiza un comportamiento distinto de los abusos cometidos por los cuerpos policiales.
Pero la situación pasa inadvertida para las autoridades venezolanas, pues ayer la Asamblea Nacional negó debatir el doble homicidio de la madre e hija de Coro, para que «no fuera usado políticamente», como lo dijo el diputado oficialista Jesús Montilla, quien no dudó en alabar a las instituciones de seguridad del Estado.
Luis Izquiel, integrante de la comisión de seguridad de la MUD, manifiesta que además de las responsabilidades penales que recaen en los militares de manera individual hay una responsabilidad política y moral por haber permitido que efectivos sin capacitación y con armas de fuego hayan salido a las calles a ejercer labores para los que no están formados.
«Todos los venezolanos estamos en peligro mientras esto siga así, ya que ellos están formados para combatir un enemigo».
Pueblo Enemigo
En el caso de las víctimas falconianas se registraron más de 50 balas de fusil en el vehículo en el que perdieron la vida.
Alvarado recuerda que los militares tienen una mayor capacidad de agresión, incluso actuando en legítima defensa.
«Imaginas si una situación de esas se presenta en un barrio, una bala fácilmente atraviesa las paredes endebles que pueden haber en las viviendas», acota Alvarado.
A Izquiel le preocupa que lejos de solventar las razones por las que sacaron a los militares a la calle, que fue el déficit de funcionarios policiales, se esté anunciado el cierre de cuerpos y la intervención de otros.
Cuenta que de los 335 municipios del país, sólo 99 tienen policías municipales y de esas se ha dicho que desaparecerán 15.
Alvarado asegura que a raíz de las lamentables situaciones que se han presentado, es necesario en primer lugar que el Gobierno desista del uso de la FAN para la seguridad en las calles.
En segundo término, que se cumpla con la disposición de la correcta identificación de las unidades móviles de los cuerpos de seguridad, que se adoptó luego de la masacre de Kennedy en 2005, y por último fortalecer en todos los cuerpos armados del Estado los principios del uso proporcional y diferenciado de la fuerza. (Keilyn Itriago, Diario Tal Cual, 10.07.13)
