Con la etiqueta #HuelgaNoEsDelito, @Provea y @conflictove reivindican el pleno ejercicio del derecho a huelga consagrado en el art. 97 de la constitución y los art. 53 (libertad de reunión), 57 (libre expresión de ideas), 61 (conciencia) y 68 (manifestación).
Pero ya sabemos, la Constitución es un estorbo para el régimen. La Fiscalía, con leyes ad hoc de la Asamblea, se torna instrumento para criminalizar la protesta pacífica y levantar cargos a granel contra luchadores sociales, sin importar fuero sindical o parlamentario alguno.
La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación es una de las expresiones de ese andamiaje represivo.
En ella, 30% del territorio nacional se vuelve zona de seguridad. Por violarla, en los últimos cinco años más de 2 mil manifestantes y unos 150 sindicalistas han sido sometidos a procesos penales, medidas restrictivas y regímenes de presentación en tribunales, entre ellos Rubén González, el emblemático secretario de Sintraferrominera.
Por vía militar, la disuasión protestataria se refuerza con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el Plan Patria Segura, la militarización institucional y la justicia militar indebidamente ejercida contra civiles.
A lo que se suma el CNE para violentar la libertad sindical, actuando en la afiliación y elecciones sindicales.
Quien se atreva a manifestar se arriesga a perdigones, gases, palos, detención y tribunales.
El presidente de la APUCV fue conminado sin éxito en los tribunales a suspender la huelga que los universitarios mantienen en protesta por la violación de la autonomía y el ahogo presupuestario.
Los estudiantes son detenidos y maltratados en nutridos grupos, para luego liberarlos con sentencias de presentación periódica ante tribunales.
¿Tanta represión frena a los indignados? No parece.
En 2012 hubo más de 2.600 conflictos, en su mayoría por violación de contratos colectivos. En el primer semestre de 2013 se han registrado al menos 1.687 protestas, 34% de ellas exigiendo derechos laborales.
“Los trabajadores deben en conciencia apoyar la revolución”, dijo el presidente fallecido en ocasión de negar a obreros de Guayana el cumplimiento de sus convenios colectivos, en clara violación del art. 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe a los gobernantes suprimir tales beneficios.
Aceptar eso habría sido ceder derechos legales irrenunciables, conquistados una y otra vez a partir de una lucha a pulso de los pueblos, nunca otorgados por dádiva o concesión graciosa de los poderosos.
N.B. Para medir en su pavorosa magnitud la destrucción del país en 14 años, nada mejor que leer a Damián Prat, Guayana: El milagro al revés (Alfa, 2012). Una bomba atómica no habría sido más eficaz para arruinar las empresas básicas que las ejecutorias del régimen.
