El presidente Nicolás Maduro viene planteando la necesidad de enfrentar la corrupción y en ese sentido se empiezan a ver algunos resultados mínimos. Compartimos esa preocupación y esa decisión.
Pero también empiezan a notarse signos negativos y el principal es la instrumentalización política del combate a la corrupción. Su uso con fines proselitistas y para atacar a alguna parcialidad política le quita fuerza y credibilidad.
La lucha contra la corrupción es una sociedad democrática es fundamental. Y desde la perspectiva de los derechos humanos necesaria.
La corrupción termina afectando a los más pobres, limita el disfrute de los derechos de todas las personas y favorece la violación de los derechos y la impunidad.
Afecta, por ejemplo, el derecho a la salud cuando dinero destinado a la compra de medicinas es desviado para uso personal o por el interés particular de obtener ganancias en comisiones se compran más de las que requiere el país. Tal como lo viene señalando la Contraloría General en sus informes de gestión.
Atenta contra el derecho a la alimentación como ocurrió con el caso de las miles de toneladas de alimentos que se perdieron administradas por la empresa del Estado Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A ( PDVAL).
Vale recordar la manera como en 2010 esa situación la describió el ex Vicepresidente José Vicente Rangel “Hay incapacidad, desidia, falta de gerencia, y también está presente el delito impune atornillado en las instituciones-, la corrupción: tráfico de influencias, comisiones, sobreprecios y, en este caso, la desesperación por importar sin debido control”
Porque nuestros derechos se ven negativamente afectados debemos apoyar toda medida que de manera sincera se oriente a contrarrestar y sancionar los hechos de corrupción en cualquiera de sus expresiones.
Debe ser enfrentada sumando la mayor cantidad de voluntades y activando las distintas instituciones del Estado. Pero si estas actúan prejuiciadas y parcializadas los resultados no serán los mejores.
Y ello solo favorecerá a quienes se esfuerzan por enriquecerse de manera ilícita y obtener prebendas en distintos entes y órganos públicos.
No es coherente convocar a todas y todos a luchar contra la corrupción si los recursos del Estado son usados con fines proselitistas para favorecer a uno u otro candidato.
El artículo 13 de la Ley contra la corrupción es muy preciso cuando establece “Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”
No basta investigar y sancionar a los corruptos. Hay que adoptar medidas para evitar que tales actos se produzcan y para ello es fundamental promover la mayor transparencia en la gestión pública y facilitar la contraloría social.
