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Ayer Luis Uzcátegui visitó la tumba de su hermano Néstor Uzcátegui y le prometió que seguirá luchando para que vayan a la cárcel los dos funcionarios de la Policía del Estado Falcón que lo asesinaron dentro de su casa, el 1° de enero de 2001, cuando toda la familia estaba reunida y celebraba el Año Nuevo.

Justo ayer se cumplió un año de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela, luego de que los representantes del Estado admitieron que Néstor Uzcátegui no abrió fuego contra los agentes que allanaron la residencia, sino que el exceso correspondía a una práctica sistemática de la Polifalcón, que ameritó la intervención de ese organismo en 2006.

Después de 12 años de gestiones ante el Ministerio Público y los tribunales penales de Falcón, Luis Uzcátegui resume el estado de impunidad en que se encuentra el caso: “El juicio no ha comenzado, porque siempre falta alguna de las partes.

Para mayor gravedad, ahora el Gobierno se separa del sistema interamericano. Pero si Dios me puso en el camino de la búsqueda de la justicia, ningún Gobierno me va a doblegar. Ni a mí ni a todas las víctimas que nos organicemos”

Nosotros hemos comparecido cada vez que se nos llama, pero lo que hemos hecho es perder el tiempo. Los dos policías acusados están libres.

Juan Alexander Rojas Reyes fue ascendido y ahora es director del Centro de Coordinación Policial N° 2 de Punto Fijo, y Valdemar José Rodríguez da clases de derechos humanos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sólo la Corte Interamericana hizo justicia por el crimen de mi hermano”.

Sólo un preso

Las fallas en la investigación contribuyeron a la denegación de justicia que quedó demostrada ante el tribunal hemisférico.

En el fallo dictado el 3 de septiembre se mencionan, entre otros errores, que: “la experticia de trayectoria intraorgánica de las balas que impactaron a la víctima se realizó aproximadamente 10 años después de la muerte.

Las armas policiales utilizadas en el operativo no fueron entregadas por la policía sino hasta 4 años después de ocurridos los hechos el 1 de enero de 2001. La diligencia de reconstrucción de los hechos fue solicitada por la Fiscalía 7ª cuatro años y medio después de los hechos y se habría realizado efectivamente en abril de 2011”.

Deficiencias del Ministerio Público, según determinó la juez 1° de Control, Belkis Romero de Torrealba, el 24 de septiembre de 2008, impidieron que los dos policías fueran a prisión.

Con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia, Rojas Reyes se libró de la acusación fiscal en su contra por el homicidio de Robert Brito Primera.

Más difícil de entender es que el ahora director del Centro de Coordinación Policial N° 2 de Punto fijo, también se haya librado de la sentencia a 5 años de cárcel dictada por el asesinato de Robert Alexis Dirinot Arguelles.

Jean Carlos Guerrero, abogado del Comité de Derechos Humanos del Estado Falcón, precisó que de los 265 casos de excesos policiales formalmente denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sólo la desaparición forzada del joven de 22 años de edad Javier Vargas concluyó en sentencia definitiva.

En julio de 2013, el ex comandante de la Policía del Estado de Falcón y ex alcalde de Coro, Oswaldo Rodríguez León, fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión.

“Le habían dado casa por cárcel, pero incumplió la prohibición de salir de su residencia y se supone que ahora está detenido en la comandancia de Polifalcón”, indicó Guerrero.

Incansable

Luis Uzcátegui tenía 17 años de edad cuando asesinaron a su hermano y constituyó el Comité de Derechos Humanos del Estado Falcón para fortalecer la demanda de justicia de todas las víctimas de excesos policiales en la entidad.

Su trabajo como activista le costó una demanda por difamación e injuria de parte del ex comandante de la Policía del Estado Falcón, Oswaldo Rodríguez León.

Estuvo 5 años bajo juicio y por tratarse de uno de los denominados delitos de opinión, la Corte Interamericana también condenó al Estado venezolano por la violación de la libertad de pensamiento y expresión.

Uzcátegui y Guerrero admiten que la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales por la policía de esa entidad disminuyó significativamente después de que Rodríguez León abandonó la comandancia de la policía estatal.

“Sin embargo, todavía persisten situaciones irregulares. Hemos visto casos de personas que son detenidas y mueren en extrañas circunstancias en los calabozos”.

Uzcategui parece incansable: “Para mayor gravedad, ahora el Gobierno se separa del sistema interamericano. Pero si Dios me puso en el camino de la búsqueda de la justicia, ningún Gobierno me va a doblegar. Ni a mí ni a todas las víctimas que nos organicemos”.

Se mantiene escrutinio de la Comisión

La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entrará en vigencia el 10 de septiembre implica la pérdida de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgue las violaciones cometidas luego de esa fecha.

Sin embargo, el escrutinio que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantendrá intacto.

Ningún Estado puede apartarse de la Comisión Interamericana sin separarse de la Organización de Estados Americanos, pues es un órgano principal de ella.

La Comisión Interamericana continuará evaluando la situación de los derechos humanos en Venezuela a través de audiencias generales o temáticas, las distintas relatorías y sus informes.

A disgusto del Gobierno, la Comisión ha incluido a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual por 10 años consecutivos. Las autoridades del Estado consideran que la Comisión ha contribuido a una campaña de desprestigio internacional y no le permite visitar al país. (Edgar López, El Nacional, 04.09.13)

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