Cualquier medida que adopte el gobierno debe ajustarse al estado de derecho y sin excesos. Así lo destacó el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, quien advirtió que el presidente Nicolás Maduro y su equipo no pueden actuar sobre la base del autoritarismo y generar zozobra en la población como, a su juicio, ocurrió este fin de semana con las medidas asumidas contra varios comercios de electrodomésticos. “El gobierno causó alarma, debe reflexionar y comenzar por los precios de sus propias empresas, hubo gente desesperada y corriendo incluso a los mercados. No solo ante la especulación y con la inflación generada por la equivocada política económica del gobierno y el abuso de los empresarios, en todas las actuaciones deben respetarse las leyes.”, señaló.
El sociólogo Trino Márquez cree que hubo una explosión por la reacción de una parte de la población luego del anuncio de las medidas gubernamentales. “El estallido social fue este fin de semana, el gobierno abrió la válvula de escape con un marco populista en medio del camino para las elecciones del 8-D. Aplicó medidas demagógicas; así como Nerón quemó Roma, a Maduro no le importa quemar Caracas, atentar contra el estado de derecho, el derecho a la propiedad privada, las inversiones y el empleo, el gobierno no solo destruye políticamente sino también moralmente a Venezuela; Maduro es un enemigo de la patria y un proxeneta porque estimula el delito y la transgresión”, sostuvo.
Aseguró que Maduro promovió el saqueo y asumió medidas unilaterales al rebajar en 50% el precio de los productos, cuando ha restringido el acceso a Cadivi y al Sicad. Indicó que, al igual que en otras áreas, el gobierno maneja la economía como un cuartel y distorsiona los procesos. El politólogo Nicmer Evans, aunque consideró positiva la medida del gobierno, advirtió que no resuelve el problema de fondo. “Lo que lamento es evidenciar que los venezolanos somos capaces de hacer infinitas colas por el consumismo, cuando esta acción gubernamental si se hiciera de manera permanente, lograría no sólo amainar la furia capitalista desatada por la adquisición de bienes electrodomésticos, sino que permitiría iniciar una verdadera revolución del consumo”, escribió en su blog.
Derechos
Marino Alvarado desconoce la forma como fueron detenidos los propietarios y los gerentes de varias tiendas en Caracas y Falcón, así como las personas aprehendidas por ingresar de forma violenta a tiendas en Carabobo, pero rechazó el señalamiento de delincuentes hecho por Maduro sin que se respetara el principio de la presunción de inocencia. “Las colas en Daka y Pablo Electrónica unieron a chavistas y opositores. Hubo gente radical opositora apoyando la medida, por lo que creo hay una lógica electorera en todo esto, se buscan votos para el 8-D”, señaló el coordinador de Provea.
El abogado penalista José Luis Tamayo indicó que desde el punto de vista procesal, hasta ahora, se ha actuado conforme al estado de derecho. “Todo parece indicar que hay un delito de usura, acaparamiento o hecho punible previsto en la ley del Indepabis; de acuerdo a lo que mostró el ministro de Comercio en una semana hubo exagerados sobreprecios; pese a la escasa información que se conoce habría delitos en flagrancia. En estos casos, según el Código Orgánico Procesal Penal, se detiene a la persona, en un plazo de 48 horas se presenta ante un tribunal de control para que este decida con los elementos de convicción del Ministerio Público si hay delito o no”, señaló.
Refirió que el Indepabis tiene competencia para fiscalizar e investigar, pero objeta la forma como el gobierno ha manejado el caso porque acusa de forma imprudente y asumiendo responsabilidades a priori.
Acciones contundentes
El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, señaló que el gobierno ha actuado contundentemente contra la especulación. En su cuenta de Twitter, @jaarreaza, sostuvo que esa es la línea que seguirán porque “vamos a proteger al pueblo del parasitismo burgués”. Exhortó al país a tener confianza y tranquilidad.
En la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se señala que quienes vendan bienes a precios superiores a los fijados por la autoridad del sector, alteren la calidad o las condiciones de la venta incurrirán en el delito de especulación para el que se prevé prisión de 2 a 6 años. Para la usura genérica, la ley establece prisión de 1 a 3 años. Se aplica a quienes obtengan para sí o para terceros una ventaja desproporcionada a la contraprestación de un servicio. (Sofía Neder, El Nacional, 11.11.13)
