¿Era necesario aprobar una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción? La respuesta es no. Bastaba con tener la voluntad política de aplicar la Ley contra la Corrupción, aprobada durante la primera gestión del presidente Chávez en abril de 2003, cuando aún no se había olvidado que las razones de su insurgencia era el rechazo a las irregularidades de los funcionarios públicos.
La normativa de 98 artículos de haberse aplicado con respeto al debido proceso, hubiera fortalecido la institucionalidad democrática, limitando diversos desafueros que motivaron a que el presidente Maduro pidiera poderes extraordinarios para enfrentarlos.
Cuando el primer mandatario ha hecho de la probidad y la lucha contra la corrupción su bandera personal, no puede poner como ejemplo a los funcionarios públicos de alto rango.
Provea, como parte de los resultados de su Segundo Informe sobre la Ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha documentado como, entre los años 2012 y 2013, hasta el momento en que este artículo se escribe, se han utilizado los recursos públicos de la misión para favorecer a candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Y precisamente este uso irregular de los recursos públicos es tipificado como un delito en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, el cual establece que “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de 1 a 3 años”.
De esta manera en las campañas electorales realizadas en los dos últimos años la GMVV ha sido utilizada en, por lo menos, 23 oportunidades para beneficiar candidaturas oficialistas.
8 de los casos documentados han sido en la actual campaña electoral para alcaldes correspondientes a las elecciones del 8 de diciembre de 2013, mientras que 15 casos corresponden a la campaña para gobernadores de las elecciones del pasado 15 de diciembre de 2012.
El uso de recursos públicos para beneficiar a candidatos a cargos de elección popular, además, viola las siguientes normativas: Artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; Artículo 204 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; Artículos 221, 222 y 223 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y como si no fuera suficiente, viola el principio constitucional de no discriminación (artículo 21) y el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Debido a la sistemático patrón de participación de altos funcionarios del Ejecutivo en la entrega de viviendas en actos que cuentan con la participación de candidatos a cargos de elección popular, así como elementos propagandísticos del PSUV, Provea sostiene que el uso proselitista de la GMVV se ha convertido en una política de Estado.
En 8 de los 15 casos registrados en el 2012 (53%) de uso de recursos públicos de la GMVV para favorecer candidaturas electorales contaron con la propia participación del ministro de vivienda Ricardo Molina.
En ese período se registraron 4 situaciones diferentes en las que el candidato a la gobernación del Zulia entregaba casas de la GMVV, las cuales incluso eran otorgadas a sus beneficiarios exhibiendo material alusivo de su campaña.
En la actual campaña para alcaldías, el 100% de los casos han ocurrido en el estado Zulia, favoreciendo ilegalmente la candidatura de Miguel Perez Pirela, del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo, en 6 de los casos (75%) contando con la participación del hoy gobernador Francisco Arias Cárdenas.
En estos últimos casos el principio constitucional de no discriminación ha sido violado a tal grado que los beneficiarios de las viviendas son fotografiados con franelas alusivas a la campaña y han realizado declaraciones en donde manifiestan su apoyo a la candidatura del PSUV.
Si la propia ley que el oficialismo aprobó en años pasados se cumpliera, por lo menos el Ministro Ricardo Molina y el gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas debieran enfrentar penas de entre 1 a 3 años de privación de libertad.
Por otro lado, en caso de que Pérez Pirela fuera electo para la Alcaldía de Maracaibo, el origen de parte de los recursos para la realización de su campaña tuvieron origen en actos de corrupción.
El mensaje que se difunde en todos estos actos es que para ser beneficiario de una casa de la GMVV hay que simpatizar con las candidaturas del partido oficial. Se discrimina así de las políticas sociales a una parte importante de la población por razones políticas e ideológicas, por lo que es posible afirmar que la exclusión, por una u otra causa, sigue siendo una constante del Estado venezolano.
Presidente Maduro: Coincidimos con usted en la lucha contra la corrupción. Pero debe empezar poniendo el ejemplo por casa, castigando especialmente ilícitos que vulneren derechos humanos.
(*) Coordinador del Area de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
@fanzinero
