El Informe de Gestión 2013 de la Contraloría General de la República refleja en varias de sus páginas la indolencia de quienes vienen gobernando hace años.
Indolencia para atender y resolver a asuntos esenciales para la población. Indica además los niveles de corrupción existentes y como terminan afectando los derechos de las personas principalmente de los más pobres.
De una lectura de dicho Informe se extraen informaciones como las siguientes:
Remodelación de hospitales: Al analizar los expedientes de la obras para la remodelación y modernización de 8 centros de salud de la Red Hospitalaria Barrio Adentro III determinó ejecución de obras sin contratos y por ende sin garantías, incumplimiento de los plazos de ejecución muchas de ellas sin concluir a pesar de haber pasado en algunos casos hasta más de 4 años; como consecuencia de los retrasos aumentaron los costos y se fue deteriorando la estructura física y los equipos con su secuela en la no prestación de los servicios a la población.
Obras en educación, vivienda y deporte: 1035 obras se encuentra sin concluir destinadas al sector salud, educación, vivienda, cultura y vialidad. Obras que ya en 2006 había señalado la Contraloría estaban sin concluir. Dicha situación incrementa los costos y sigue dejando en espera a miles de familias que esperan beneficiarse de ellas.
Vivienda: El 14.03.06 el gobierno suscribió un contrato con la República de Uruguay para la compra de 8110 kits para la construcción de viviendas. Seis años después solo habían sido terminadas 1473 viviendas. Además buena parte de ellas construidas en lugares donde no existen servicios públicos. Y los costos se elevaron considerablemente en perjuicio del país.
Medicinas: Otra vez la Contraloría realiza señalamientos críticos sobre la importación, control y distribución de las medicinas que compra el gobierno. Recordemos que en el Informe 2010 este ente realizó un informe contundente donde cuestionó como fueron a parar a la basura toneladas de medicinas porque se vencieron o dañaron. Indicó en aquella oportunidad la manera irresponsable como se compraron cantidad de medicinas que no se requerían y a precios que no justificaban el costo.
En 2010 realizó una serie de recomendaciones para que tal situación no se repitiera, pero pareciera que tres años después algunas de las fallas se repiten con las negativas consecuencias para la población necesitada de medicamentos que escasean.
En todos los casos anteriormente indicados que afectan de diversa manera a la ciudadanía principalmente a los sectores populares la Contraloría señala la existencia de variadas irregularidades que apuntan en muchos casos a hechos claros de corrupción.
Si el presidente Nicolás Maduro de verdad quiere luchar contra la corrupción como lo argumentó para justificar le concedieran la ley habilitante, en los informes de la Contraloría General tiene suficiente información para adoptar medidas que den resultados inmediatos y para evitar se profundice la ineficiencia y la corrupción.
No se puede seguir gobernando con tanta indolencia.
No puede admitirse, que por ejemplo, cada año se pierdan toneladas de medicinas y no pase nada. Quede solo en las letras de un informe. Que no se activen las distintas instituciones quienes pueden contribuir a resolver situaciones como esa.
Pero igualmente, la Contraloría no puede limitarse solo a indicar las irregularidades existentes sin tomar medidas contundentes para que los responsables sean sancionados.
La impunidad favorece las fechorías que se practican en el sector público. Una de las medidas preventivas más efectivas es precisamente realizar sanciones ejemplarizantes que den una señal a los funcionarios y funcionarios que la negligencia y la corrupción tienen consecuencias que les pueden afectar.
La indolencia, negligencia y corrupción al fin de cuentas terminan perjudicando a la población en el disfrute de sus derechos, principalmente de sus derechos sociales.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
