Cuando el presidente Chávez informó al país que nombraba a Nicolás Maduro como su candidato ante cualquier hecho “sobrevenido”, pidiéndoles a sus seguidores que votaran por él ante cualquier eventualidad, en Provea se nos generaron varias expectativas, las cuales aumentaron cuando el antiguo canciller y vicepresidente de la República ganó las elecciones a la primera magistratura.
Como Provea había diagnosticado en su informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Hugo Chávez había conseguido mejorar algunos indicadores socioeconómicos de las mayorías gracias a los recursos extraordinarios producto de los altos precios petroleros, sin embargo había retrocedido en derechos civiles y políticos al institucionalizar mecanismos de discriminación por razones políticas.
La primera expectativa era si el nuevo presidente podía disminuir el apartheid bolivariano a la par de mantener, y mejorar, las políticas sociales destinadas a la reducción de la pobreza. Comentarios positivos sobre su capacidad de diálogo durante su desempeño diplomático reforzaban esta ilusión.
Sin embargo, las esperanzas se evaporaron rápidamente. No sólo asumió el estilo confrontador y conflictivo de su antecesor, sino que las propias cifras oficiales demuestran que durante su gestión han aumentado los niveles de pobreza en el país. La profundización de la crisis económica, como consecuencia de ausencia de un verdadero diálogo plural, ausencia de controles y sanciones para irregularidades administrativas y decisiones erráticas y contradictorias han modificado la ecuación: Maduro es exclusión política con progresiva exclusión social.
Y nada que más atente contra los derechos humanos que la pobreza. Esto ha motivado que Provea exija que cualquier decisión de correctivos económicos debe acompañarse de medidas compensatorias para que no sean los que menos tienen los que paguen los costos de la crisis.
Una segunda posibilidad truncada tenía que ver con el origen sindical del nuevo primer mandatario y su adjetivo de “presidente obrero”. Perdimos la apuesta al creer que iban a mejorar las relaciones de los sindicatos y el movimiento de trabajadores con el Ejecutivo. Que se iban a desarrollar canales y mecanismos para dar respuesta a sus demandas.
Que cesaría la criminalización a los dirigentes beligerantes y se revertirían los ataques contra la libertad sindical. Que Miraflores escucharía las opiniones de los trabajadores sobre los montos de los incrementos salariales y las denuncias sobre la flexibilización de las condiciones de trabajo y el estancamiento de la contratación colectiva en el sector público. No obstante la realidad ha caminado en sentido contrario.
Maduro ha lanzado todas las descalificaciones posibles contra los sindicatos que enarbolan demandas de sus agremiados y ha potenciado la política de la conformación de las milicias obreras, las cuales serán institucionalizadas si prospera la actual propuesta de contratación colectiva para la administración pública propuesta por su sindicato madurista.
Los propios dirigentes obreros han denunciado que uno de los acuerdos de la mesa de diálogo económico sería la militarización de los conflictos laborales, lo cual es una denuncia tan sería que merece una respuesta oficial.
Una tercera ficción era que el origen civil de Nicolás Maduro congelara, por lo menos, la militarización que experimentaba la sociedad venezolana. A contrapelo, una de las primeras decisiones inconstitucionales de su mandato fue militarizar las políticas de seguridad ciudadana. Otras malas decisiones la acompañaron.
El uso permanente de un lenguaje generoso en códigos propios de la forma de pensar castrense, donde los conflictos se describían como escenarios de una guerra que sólo existe en la cabeza de los jefes de las salas situacionales oficiales ha azuzado la intolerancia oficial al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
Esto, como demuestran diferentes intervenciones presidenciales, ha estimulado la participación de civiles armados en la confrontación de las protestas, con un saldo trágico que el Ministerio Público esté en la obligación de establecer responsabilidades.
Maduro ha llevado la militarización de la sociedad a fronteras que no fueron traspasadas por Hugo Chávez. La reciente ley que obliga a todas las personas naturales y jurídicas del país a inscribirse en un registro militar obligatorio da la espalda a lo establecido en la Carta Magna, donde un servicio de naturaleza civil y uno militar tienen la misma jerarquía.
Aumento de la pobreza y la exclusión social, incremento de los ataques a la libertad sindical por parte del “presidente obrero” y profundización de la militarización del país por parte de un presidente de origen civil son parte de las obras de un gobierno que apenas ha cumplido un año en funciones. Maduro ha generado zozobra en las bases de apoyo al gobierno, el cual comenta que no posee la capacidad de mantener lo que consideran el legado de Hugo Chávez. Sin embargo, aún estaría a tiempo de rectificar y colocar la vigencia y respeto a los derechos consagrados en la Constitución por encima de cualquier otra consideración.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
[email protected]
@fanzinero
