”Yo me siento muy triste hoy porque hay muchos familiares de los que ya han muerto que no asistieron a esta reunión, si no estamos unidos no tendremos fuerza. Ese es nuestro problema no buscamos la unidad, como wayuu somos centinelas gratuitos de nuestras fronteras, vivir en fronteras es muy duro, solo el amor a nuestra tierra a nuestros lugares sagrados nos mantienen aquí. Muchos contrabandeamos porque el hambre y la necesidad nos obligan a hacer tantas cosas que no quisiéramos hacer. No tenemos la culpa de haber nacidos wayuu pero aquí continuamos en pie de lucha”.
Así inicio Ana Estela Nava conocida popularmente como (la pocha) su intervención ante los familiares de las víctimas de atropellos y asesinatos perpetrados por fuerzas militares en Venezuela debido a la implementación del plan anti contrabando que activo el gobierno venezolano en la zona fronteriza de la guajira con Colombia.
El Comité de Derechos Humanos de La Guajira realizó una asamblea donde se percibieron testimonios de diversos hechos acaecidos en comunidades diferentes de La Guajira venezolana desde el año 2010 con la implementación del distrito militar hasta la actualidad.
José David González coordinador de derechos humanos en la entidad indígena afirmo “hemos caminado y llevado a las diversas instancias los casos que han afectado a numerosas familias wayuu. Tenemos documentos entregados a la vicepresidencia de Venezuela a través de la comisión nacional de derechos humanos, recibidos de oficios dirigidos a la fiscalía general de la república, y otras instancias como la asamblea nacional de Venezuela y parlamento indígena de América donde hemos levantado nuestra voz de protesta por la vulnerabilidad de derechos en el territorio wayuu e igualmente presento cifras manejadas por el comité de derechos humanos de la guajira en la actualidad la cual consta de 13 personas asesinadas por las balas militares,28 heridos ,15 torturados,27 persona s privadas de libertad de manera ilegitima,1 secuestrado y más de 60 allanamientos ilegales en el territorio originario acompañado de una campaña estigmatizada en contra del pueblo wayuu.
González destaco que el estado debe consultar a los pueblos indígenas para realizar procedimientos en los territorios indígenas, agrego que próximamente se va a constituir una comisión de derechos humanos para revisar los casos de cada una de las personas que han sido privados de libertad de manera ilegítima en la región fronteriza con Colombia. (Radio Fe y Alegría, 15.09.2014)
