Entre sábado y domingo el Poder Judicial libró una orden de captura contra un dirigente del gremio médico, el gobierno de Aragua pidió una investigación contra otro, el Sebin citó e interrogó en Caracas a dos representantes empresariales y la Fiscalía imputó a tres líderes sindicales de Sidor en el estado Bolívar.
Las siete personas tienen en común haber expresado previamente sus opiniones a través de los medios de comunicación sobre salud, productividad empresarial y libertad sindical.
Carlos Correa, de Espacio Público, e Inti Rodríguez, de Provea, advierten que se trata de una nueva arremetida contra la libertad de expresión, opinión e información y contra los derechos a la manifestación y la huelga.
“Hay un patrón de persecución y una lógica de criminalización de la expresión que este año comenzó enfocado en los estudiantes, pero que se ha ido expandiendo a otros sectores sociales”, dijo Correa.
“Ante las denuncias sobre la crisis de la salud, la respuesta del gobierno ha sido acusar de terroristas a los médicos, en vez de asumir su responsabilidad. En el caso de Sidor, persiguen a dirigentes que reclaman derechos sindicales”, apuntó Rodríguez.
El integrante de Provea criticó que a lo largo de los últimos meses el discurso oficial se ha centrado en evadir la solución de los problemas de fondo: “De la guerra económica de finales de 2013, pasamos a la guerra mediática durante la ola nacional de protestas. Ahora el problema es una supuesta guerra bacteriológica. Mientras tanto los problemas siguen”.
Escalada.
El presidente de la Cámara de Comerciantes y Agentes Aduanales de Vargas, Rusvel Gutiérrez, declaró el sábado a El Nacional sobre los problemas para que las importaciones de medicamentos lleguen este año. El domingo fue interrogado por el Sebin. “Me preguntaron sobre la guerra mediática, sobre mis filiaciones políticas, que si yo tenía relación con Maria Corina Machado y si El Nacional tenía algo que ver con una guerra mediática”, dijo. Enfatizó que no se retracta de sus afirmaciones porque considera que no constituyen delito ni falseamiento de la información.
También el sábado el presidente de Coinindustria, Eduardo Garmendia, declaró sobre el chicungunya y su impacto en la productividad al generar ausentismo laboral. Ayer Coindustria informó que Garmendia rindió declaraciones en el Sebin “hasta altas horas de la noche en torno a la situación económica del país y de las empresas, así como de la producción nacional”.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, condenó la actuación gubernamental: “Este intento de intimidar a Eduardo Garmendia forma parte de la escalada contra los empresarios que hemos tenido en Venezuela los últimos tiempos. Estamos considerando sumar esta situación al expediente que reposa en la OIT contra el Estado, porque viola convenios firmados por Venezuela”. (Maru Morales, El Nacional, 23.09.2014)
