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Familiares de Lennys Quijada, la trabajadora detenida el viernes junto a otros dos sidoristas, denunciaron que su casa estaba siendo vigilada y supervisada sin la participación del Ministerio Público o testigos imparciales.

La hermana y defensora de la técnico superior universitaria en Seguridad Industrial, Yurivy Quijada, contó que su casa en la UD-104 de San Félix, fue vigilada primero por funcionarios en carros no identificados con el logo del Sebin (una Toyota chasis largo blanca y una Ford Runner color plomo) y luego por personas a bordo de una patrulla negra que sí estaba rotulada.

La vigilancia arrancó el 10 de septiembre y desde entonces no paró hasta que dieron con su hermana. El martes 16 de septiembre, narró, una patrulla se paró frente a la casa y sonó las cornetas varias veces. Como nadie salió un funcionario tocó el timbre de la casa y fue entonces cuando Yurivy Quijada salió.

“Tocar la corneta no es la forma, así que no salí sino hasta que tocaron el timbre, cuando salí y pregunté en qué podía ayudarlos, todos saltaron de la camioneta con armas largas y rodearon la casa buscando a mi hermana que no estaba, porque había salido al trabajo en Sidor”, relató Yurivy Quijada.

La abogada indicó que desde que inició del conflicto en Sidor los dirigentes han sido perseguidos para que el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, suscriba la nueva convención firmada por un sector de la dirigencia con el Gobierno, el 14 de agosto en la madrugada.

“Esta persecución es para presionar la firma de un contrato chucuto, porque no tiene sentido los delitos que se le imputan, la persecución, el hostigamiento, y el cómo se produjo la detención el viernes”, añadió.

Leo Quijada, también hermano de Lennys, coincidió en asegurar que la privación de libertad está vinculada a las presiones por el contrato. “Eso es lo que está pasando, quieren que sea firmado un contrato y por eso pasa todo esto”.

Vicios procesales

La abogada relató que además de la persecución, el proceso está plagado de irregularidades. Hay contradicciones con los testigos, las actas policiales están viciadas y la decisión de la juez en la audiencia de presentación no concuerda con las “supuestas pruebas” encontradas.

“A ella le sembraron una pistola y unos cartuchos de fusil, las balas no corresponden con el arma. Los delitos imputados son tráfico de armas y asociación para delinquir, aun cuando el día anterior a la audiencia a unos mineros los presentaron ante la misma juez y aun siéndole incautadas varias armas y municiones estos fueron dejados en libertad, por lo que no sabemos bajo qué criterios la juez da medidas a unos sí y a otros no”, acotó.

Lennys Quijada tiene seis años de servicio en Sidor y 35 años de edad. Lleva aproximadamente dos años en comisión de servicio en Sutiss y pertenece a la corriente encabezada por el presidente del gremio José Luis Hernández.

Fue detenida el viernes, cuando se dirigía junto a dos compañeros Rederick Leiva (17 años en la empresa y labora en Cilindros), Heberto Bastardo (gruero con 26 años de servicio) a una asamblea en el portón III de Sidor.

Además de Lennys, otros trabajadores han sido perseguidos tras la huelga por la discusión del contrato en Sidor. El miércoles 17 de septiembre, funcionarios del Sebin irrumpieron en la casa del trabajador calificado de despido, Javier José Rodríguez, y le dijeron a su familia que se le buscaba por participar en un plan de “desestabilización”.

También el pasado viernes 12 de septiembre, el presidente de Sutiss denunció haber sido perseguido por camionetas del Sebin.

Este lunes el presidente del sindicato y el secretario de trabajo y reclamo, Leonardo Azócar, encabezaron la asamblea de trabajadores en el portón III de Sidor en el que ratificaron la convocatoria a elecciones y el plan de las “mafias” para criminalizar a los trabajadores de la siderúrgica.

Creciente militarización

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha insistido en que el Gobierno venezolano ha adoptado la perspectiva de la Política de Seguridad Nacional para hacer frente a la disidencia organizada y a las manifestaciones de descontento popular.

“La llegada del presidente Maduro, un ex sindicalista, en reemplazo de Hugo Chávez, un militar, no representó un cambio de rumbo en la deriva militarista sino, por el contrario, un afianzamiento de la misma”, señalan en un comunicado del 9 de septiembre.

“En la base de la argumentación oficial para justificar la militarización, se encuentran las teorías de conspiraciones maquinadas desde dentro y desde fuera del país que harían parte de una guerra contra el proceso de transformación social adelantado por el Gobierno y por los demás poderes públicos”.

Para Provea la noción de enemigo externo e interno justifica entonces la adopción de medidas para controlar a la sociedad y a sus organizaciones así como para justificar la creciente militarización de las políticas públicas que deben ser defendidas. (Natalie García, Clavel Rangel, Correo del Caroní, 23.09.2014)

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