La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela ante los recientes hechos ocurridos en el país, entre los que se encuentran la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, procesos sancionatorios y despidos de comunicadores, así como presuntos bloqueos de la señal de internet de medios de comunicación.
Según lo informado, el 18 de septiembre de 2014 el Presidente de la República Nicolás Maduro habría acusado de «terrorismo psicológico» y «terrorismo mediático», entre otras expresiones, a los medios que reportaron sobre muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay como CNN En Español, El Nuevo Herald, NTN24, entre otros. El mandatario habría llamado a los órganos de justicia a adoptar nuevas y mayores medidas nacionales e internacionales contra dichos medios, y a actuar con firmeza y severidad para «castigar» a todos los responsables y «perseguir al terrorismo».
El 17 de septiembre, la caricaturista Rayma Suprani habría sido despedida del diario El Universal presuntamente por haber publicado una viñeta en la que ilustra la situación del sector salud del país empleando, como parte de la viñeta, la firma del fallecido expresidente Hugo Chávez.
La salida de Suprani, quien trabajó para el diario 19 años, se suma a la de más de 20 periodistas o columnistas de opinión que habrían salido del matutino tras el cambio de propietarios de El Universal en julio pasado. Los periodistas del diario habrían emitido un comunicado en el que expresaron su decisión de defender «los espacios para informar al país, a pesar de las restricciones y la censura crecientes». Situaciones similares se habrían presentado en otros medios de comunicación.
El 16 de septiembre, el portal web del canal internacional de noticias NTN24 habría sido interferido en el país. El acceso desde Venezuela a toda la red de portales del canal, a sus aplicaciones y a su señal de streaming en vivo estaría inhabilitado.
En un comunicado, el canal habría dicho que el bloqueo se habría originado dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela CANTV y se habría expandido a otros operadores. La señal del canal NTN24 salió de la parrilla de programación de todas las cable-operadoras que están en el país el 12 de febrero luego de que lo ordenara el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, RCN Radio habría anunciado que sus ingenieros habrían podido establecer que CANTV «habría bloqueado las direcciones IP, los nombres de los dominios y los registros DNS de todos los portales del sistema de noticias de RCN Radio».
Dichos hechos han ocurrido en el contexto de una dramática escasez de papel prensa, presuntamente ocasionada por el proceso necesario para solicitar divisas que permiten la importación de dicho insumo.
Esto habría conducido a que al menos 12 publicaciones dejaran de circular de manera temporal o definitiva y a que al menos 18 medios tuvieran que reducir sustancialmente su paginación. Esto se suma a los procesos administrativos y penales llevados a cabo contra medios críticos del gobierno, como el caso de los directivos y un columnista del periódico TalCual por la publicación de un artículo que habría ofendido a un funcionario público y que dio lugar a una decisión cautelar que les impide salir del país. Por el artículo, los demandados podrían ser condenados a penas de prisión de cuatro años y al pago de multas millonarias.}
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer, sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión, así como su derecho al debido proceso.
Asimismo, hace un llamado para que se investiguen las razones que han conducido al bloqueo de los portales y aplicaciones de medios de comunicación y se adopten las medidas necesarias para restablecer el acceso, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de Internet. De la misma manera, debe evitarse el uso de medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
