Luis Rafael Escobar Ugas es un activista de derechos humanos. Ha denunciado actos de tortura y extorsión por parte de diferentes policías del país y ha hecho campañas en favor de los derechos sociales y el derecho a la vivienda. En varias ocasiones ha sufrido abusos contra sus derechos humanos en relación con su trabajo. En 1996 fue secuestrado durante varios días y torturado por miembros de las fuerzas de seguridad; cuando lo liberaron, huyó de Venezuela ante el temor por su seguridad. En 2007, tras regresar, fue secuestrado de nuevo y torturado por varios hombres armados, según asegura, como represalia por sus denuncias. Esto se repitió en noviembre de 2010: estuvo secuestrado durante varias horas y sus secuestradores, a los que identificó como agentes de policía, lo quemaron con colillas de cigarrillo. Una semana después fue detenido cuando participaba en una manifestación ante el juzgado de Barcelona para protestar por las condiciones de los centros penitenciarios y los retrasos en el sistema de justicia penal. Posteriormente fue puesto en libertad sin cargos.
El pasado año 2013 Escobar Ugas, fue detenido durante una protesta en el estado Anzoátegui dónde fue víctima de torturas en su sitio de reclusión y luego procesado por un juez de Barcelona, que lo acusó de “resistencia a la autoridad” y “perturbación pacífica a la posesión” por lo que fue recluido hasta que se celebrara el juicio.
Recientemente el activista se encontraba en Caracas visitando a sus familiares y fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes al acercarse lo llamaron por su nombre, indicándole que se encontraba solicitado por los supuestos delitos relacionados con el ultraje a funcionario público, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad. Al ser trasladado a la Comisaría de Caricuao las autoridades pudieron comprobar que en efecto se trataba de un error. Existen documentos emitidos por el Tribunal de Ejecución de Barcelona y del Juzgado Vigésimo Cuarto del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas que solicitan dejar sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra.
Luis Rafael Escobar Ugas manifestó que, en reiteradas oportunidades, ha asistido a la sede del CICPC ubicado en la avenida Urdaneta de Caracas, con los documentos emitidos por los tribunales para realizar los trámites pertinentes y solicitar que su nombre sea retirado de la base de datos de esta institución policial, pero le han informado que debe esperar un lapso de seis meses para que esto ocurra. Lamentablemente las órdenes de aprehensión continúan activas por está razón en cualquier operativo policial es inmediatamente detenido.
“No me siento seguro, ya que en otras oportunidades me han torturado y tengo temor por mi vida y la de mi familia” manifestó Escobar Ugas, pues considera que no puede desplazarse con libertad por el territorio nacional, teme volver a ser detenido injustificadamente. También está obligado a cumplir con un régimen de presentación en 5 diferentes juzgados de control en el estado Anzoátegui y Caracas, afirmó que no cuenta con los recursos para trasladarse continuamente a estos lugares. Además nos contó que debido a estos casos no ha podido conseguir un empleo estable.
Su esposa Elizabeth Salazar expresó que se siente vulnerable ante la situación de su esposo pues no sabe en que momento pueda ser detenido nuevamente, porque sabe lo duro que son los procesos judiciales en el país.
Provea hace un llamado a las autoridades competentes para que se hagan las correcciones pertinentes en el CICPC y puedan dar una solución acertada al caso de este activista de derechos humanos. De esta manera se evitan futuras detenciones por casos que ya fueron resueltos ante los tribunales competentes. (Prensa Provea)
