Durante todo el año 2014 Provea ha denunciado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha venido implementando un conjunto de medidas económicas que afectan a los sectores más pobres de la población y que se asemejan mucho al paquete de medidas económicas que aplicó en 1989 el ex presidente Carlos Andrés Pérez.
Venezuela atraviesa una crisis económica que se caracteriza por una baja producción nacional y por muchas empresas del Estado en situaciones críticas, una inflación de 56,2% en 2013 y con posibilidades que supere el 80% en 2014; escasez creciente de productos esenciales para el consumo; distorsiones en el mercado cambiario y estancamiento en el empleo.
Como consecuencia de todos estos factores en 2013 se produjo, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, un crecimiento del 6% en los índices de pobreza. En nuestro Informe Anual 2013 señalamos que las medidas económicas antipopulares adoptadas por el Ejecutivo Nacional y la inexistencia de medidas compensatorias para proteger los ingresos de los venezolanos, tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los más pobres.
La devaluación de la moneda en febrero de 2013, la escalada inflacionaria que alcanzó un 56,2% al cierre de 2013, la interrupción en el suministro de servicios básicos y la escasez de productos alimenticios y de uso personal, entre otros, incidieron sin duda en el aumento de la pobreza en el país reflejadas en el informe presentado por el INE, agravando las penurias y acentuando la exclusión social.
En 2014, se mantiene el deterioro y estancamiento en los programas sociales y misiones; la desacelaración del ritmo de construcción de viviendas de la GMVV; el deterioro de la Misión Barrio Adentro y los preocupantes niveles de retroceso en materia de acceso al servicio de salud pública que somete a los más pobres a severas limitaciones para disponer de garantías mínimas de atención a sus necesidades de salud.
En materia de derecho a la salud, hemos advertido sobre los alarmantes niveles de retroceso de este derecho humano en el país, debido a las condiciones generalizadas de deterioro en la que se encuentran la mayoría de los establecimientos de salud pública. También, hemos expresado nuestra preocupación ante las acentuadas limitaciones para acceder a servicios de salud que padece una inmensa cantidad de venezolanos, quienes incluso, ven comprometidas sus vidas e integridad física ante las serias deficiencias del servicio nacional público de salud.
Los funcionarios del Estado con la obligación de dar respuesta a esta problemática han reconocido la existencia de la crisis en el sector salud. Sin embargo, la ausencia de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar las constantes fallas y las deficiencias en la prestación del servicio tiene como consecuencia la profundización de la crisis, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales. Los retrocesos y estancamientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, gratuidad y calidad de la atención prestada, afectan el derecho a la salud y el derecho a la vida de las y los venezolanos.
Junto a la crisis económica aumentan también las tendencias autoritarias en el seno del gobierno. El retroceso y estancamiento en derechos sociales se suma a las ya reiteradas violaciones en materia de derechos civiles y políticos, entre las que destacan numerosas denuncias de prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra ciudadanos, ejecuciones policiales, desapariciones forzadas de personas, militarización de la seguridad ciudadana y los conflictos sociales, crecientes restricciones al derecho a la huelga y a la manifestación pacífica mediante la criminalización, la judicialización y la represión de las luchas sociales, violaciones a la libertad de expresión y reiteradas conductas de discriminación política por parte de funcionarias y funcionarios del Estado.
El panorama actual nos permite indicar que a la exclusión política existente, se añade ahora el aumento de la exclusión social. Con el presidente Nicolás Maduro estamos ante situaciones de regresividad en el disfrute de derechos civiles, políticos y sociales. Vamos en retroceso en materia de derechos humanos.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Provea advierte que la crisis económica la vienen pagando los sectores más pobres de la población, toda vez que el gobierno se empeña en descargar el peso de la misma en los que menos recursos tienen. Las medidas tomadas por el Presidente Maduro, además de producir descontento en importantes sectores de la población, dificulta aún más la vida de las familias pobres. Es la aplicación de las mismas recetas implementadas en otros países del continente americano de austeridad para las mayorías y recortes en el gasto público con resultados negativos para los sectores populares.
No se puede sacrificar el disfrute de derechos para invertir el dinero público en áreas o asuntos que no tienen incidencia en la mejora de las condiciones de vida de la población. Un ejemplo de ello lo constituye el alto gasto militar y la compra de productos destinados a la represión de la protesta social.
La reorientación del gasto público para dar prioridad a programas sociales debería ser una medida en el marco de la crisis, así como la disposición para suscribir y cumplir convenciones colectivas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo se debería proceder a la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es un impuesto regresivo, y fortalecer los impuestos progresivos para que paguen más lo que tienen mejores condiciones económicas.
En tiempos de crisis económica el Estado tiene la obligación de preservar y garantizar la realización de los derechos humanos y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales de la población. La crisis económica no puede traducirse en una crisis de derechos humanos. (Prensa Provea, 10.12.2014)
