Que el Estado desarrolle políticas para garantizar el acceso de la población a los alimentos no es, ni una concesión ni una épica: Es parte de las responsabilidades que ha asumido tras suscribir acuerdos internacionales, uno de los más importantes el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Recordemos que ya desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la alimentación había sido definida como un derecho. Aquí tenemos un primer elemento importante a destacar: No es un favor que haya que agradecer, es un derecho que los gobiernos están obligados a cumplir.
El artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho de cualquier persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Esto incluye los derechos a una alimentación adecuada, el estar protegido contra el hambre y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes en el Pacto, como el venezolano, se comprometen a tomar medidas apropiadas para la efectividad de ese derecho.
De conformidad con el artículo 2 del PIDESC, esas medidas deben adoptarse por cada uno de los Estados Partes “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos”.
Este debe ser de los derechos van desarrollándose permanentemente. En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Observación General 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada. Según esta interpretación, el derecho a una alimentación adecuada impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar:
La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso. En el caso venezolano hay diferentes omisiones en cuanto a este respeto.
El primero tiene que ver con que en los últimos años, como lo demuestran las propias cifras oficiales, los incrementos del llamado “salario mínimo” no se corresponden con los índices de inflación, por lo que este indicador de ingreso ha perdido capacidad adquisitiva paulatinamente. En este punto recordar que, como han expresado los datos, quien menos salario tiene porcentualmente gasta más dinero en alimentos, con lo que la inflación en el sector alimentos, que según cifras extraoficiales se ubicó casi en un 100% en el 2014, perjudica más a los sectores populares.
Un segundo elemento tiene que ver con la dolarización de la economía venezolana que ha desestimulado la inversión en el campo y la producción de alimentos en el país. Al ser más rentable la importación de lo que antes se cosechaba, y al privilegiar el acceso a dólares preferenciales para la traída de alimentos, se han saboteado los esfuerzos realizados para mejorar la situación del campo y de los propios campesinos. Que hoy seamos un importador de rubros como el café, que en algún momento fue el principal sostén de la economía del país, es una triste metáfora.
Las otras dos obligaciones estatales en el derecho a la alimentación son “proteger” y “facilitar”. La primera requiere que se adopten medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.
Cualquier política de fiscalización de los canales de distribución y de cálculo del precio a consumidores debe ser, no obstante, consensuado. La obligación de realizar o facilitar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.
Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho directamente. Es por esto que en la actual crisis es el Estado el que tiene la principal responsabilidad en el incumplimiento.
La imposición antidemocrática del proyecto denominado “Socialismo del Siglo XXI”, ha contribuido a la emisión de mensajes contradictorios con respecto a la producción, distribución y venta de alimentos a la gente. La desconfianza han generado una alta incertidumbre y el temor que lo disponible se agote a corto plazo. Y mientras el Sistema Nacional de Medios Públicos asegura que hay normalidad, hombres y mujeres recorren los mercados y hacen colas kilométricas para abastecerse de productos. Este es el segundo elemento que destacamos: Las colas son consecuencia de un problema estructural y permanecerán mientras haya temor y desconfianza en las políticas oficiales.
La situación es crítica y mientras los actores políticos, sociales y económicos no se pongan de acuerdo, el espacio puede ser ocupado por quienes apuestan a la violencia. El gobierno debe rectificar antes que el agua llegue al rio.
(*) Coordinador General de Provea
@fanzinero
