En el primer aniversario de las protestas estudiantiles que comenzaron el 04 de febrero de 2014, Funpaz (la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz) presentó su informe titulado “2014 el año de represión como política de Estado en Venezuela”, que recoge las 13 prácticas más comunes contra manifestantes en el país.
El balance presentado por FunPaz concluye que durante el ciclo de protestas entre febrero y julio “la actuación del Estado Venezolano para restituir el orden público se caracterizó por un uso desproporcional de la fuerza empleando armas de fuego, bombas lacrimógenas en uso excesivo lanzándolas incluso dentro de residencias y maltrato a las personas que son detenidas”.
FunPaz, de hecho, destaca que en el estado Lara aún permanecen “ocho civiles detenidos en los calabozos de la policía regional del estado Lara y seis con medida de arresto domiciliario, entre ellos la señora María Elena Uzcátegui de 56 años, quien luego de permanecer tres meses en los calabozos del anexo femenino del centro de reclusión David Viloria conocido como “Uribana” le fue otorgada la medida de arresto domiciliario”.
Intimidación pública, instigación pública a la violencia y resistencia a la autoridad fueron los tres delitos imputados a los manifestantes detenidos, aunque en otros casos también fueron aprehendidos bajo el cargo de asociación para delinquir. Sin embargo, FunPaz destaca que “34% de los detenidos manifiesta no haber estado involucrado en las protestas o argumenta que para el momento en que se pudo haber desencadenado disturbios, ya se había retirado de la zona”.
¿Cuáles fueron esas 13 prácticas del Estado venezolano para la represión de la protesta durante el año pasado?
1) Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos Paramilitares.
2) Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
3) Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
4) Práctica de Torturas y amenazas de abusos sexuales a manifestantes.
5) Detenciones arbitrarias.
6) Allanamientos sin orden judicial.
7) Criminalización de la protesta.
8) Ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión.
9) Fuertes operativos de la fuerza pública y paramilitar realizados después de las 6 de la tarde.
10) Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
11) Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
12) Persecución a líderes sociales y estudiantiles.
13) Amenazas y persecuciones a miembros de ONG´s
