Provea ha reiterado su rechazo a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos debido a tres razones: La primera debido a la violación al debido proceso en el procedimiento de incautación de bienes y congelamiento de activos a las personas señaladas por hechos de corrupción; en segundo lugar porque la medida no favorece el diálogo interno, constitucional y democrático, sino que será utilizado por el Ejecutivo Nacional como excusa para profundizar la imposición de un paquete económico, jurídico y represivo y, en tercer lugar, porque en opinión de Provea las únicas instituciones legítimas en materia de derechos humanos para imponer sanciones, observaciones y recomendaciones son las que emanan del sistema internacional de protección de derechos humanos (en nuestro caso ONU y OEA), el cual ha sido creado y ratificado por los Estados partes, incluyendo Venezuela.
En este sentido desde una perspectiva de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos no es legítimo para imponer, de manera unilateral, sanciones que por su procedimiento y naturaleza terminan por convertir a los presuntos victimarios en víctimas, generando con ello condiciones para mantener impunes los delitos de violación a los derechos humanos en donde se señale su responsabilidad.
Si bien en opinión de Provea el gobierno de Estados Unidos no es un actor legítimo para imponer sanciones en derechos humanos, los entes que sí tienen la competencia para promover recomendaciones y/o sanciones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Relatorías, Grupos de Trabajo y Comités de Naciones Unidas) han sido debilitados y criminalizados por el gobierno de Venezuela.
Como se recordará, Venezuela ha mantenido una activa posición en deslegitimar el sistema regional de protección conformado por los organismos del sistema de la Organización de Estados Americanos, Corte y Comisión, que se materializó en septiembre del 2013 cuando el país se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Además, el Estado venezolano se ha negado sistemáticamente a cumplir con las sentencias de este ente, y ha impedido la visita de las distintas relatorías de derechos humanos al país para constatar las denuncias, además de desoír las diferentes recomendaciones emanadas por ambas instituciones.
El gobierno del presidente Chávez calificó a ambos organismos de estar “al servicio del imperialismo norteamericano” y sus diferentes voceros, entre los cuales se incluyó la anterior Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez, falsearon su historia y sus objetivos con el propósito de debilitar estas instancias. En diferentes oportunidades el Estado venezolano ha sugerido su intención de promover una institucionalidad paralela en la región, intentando equiparar la responsabilidad de los particulares con la de los Estados en materia de violaciones a los derechos humanos.
En el sistema de Naciones Unidas el gobierno ha actuado de manera similar, no acatando las recomendaciones emitidas por los relatores y grupos de trabajo, calificando como “irresponsables” y “mentirosos” a los interlocutores del Estado venezolano en las diferentes sesiones de trabajo, e incluso criminalizando a funcionarios que han acatado dichas recomendaciones, como es el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni.
Al debilitar y criminalizar las instituciones legítimas para la supervisión de los niveles de cumplimiento y respeto a los derechos humanos en el país y promover una institucionalidad paralela, el gobierno venezolano vulnera la Constitución y debilita las garantías para el real disfrute de los derechos humanos para los venezolanos y venezolanas.
En este sentido no podemos dejar de señalar que el silencio del actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, respecto a su necesario papel protagónico para exigir sea revertida la decisión del Estado venezolano de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello regresar a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo convierte, por su omisión, en continuador de la política institucional promovida por la anterior gestión de la Defensoría del Pueblo orientada a debilitar y desconocer el legítimo sistema regional de protección a los derechos humanos el cual, vale resaltar, está reconocido en nuestra Carta Magna.
Por último no queremos dejar de alertar que la respuesta del Estado venezolano a la calificación de “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos” realizada por este país como mecanismo administrativo para viabilizar las sanciones, se utilice para aumentar la militarización de la sociedad venezolana. Al generar un clima paranoico de conflicto bélico y al declarar como “traidores a la patria” a cualquier expresión de crítica o disidencia, se pueden generar condiciones para graves violaciones a los derechos humanos y el enfrentamiento de pueblo contra pueblo, desviando la atención de la sociedad de problemas estructurales que deberían ser resueltos mediante canales pacíficos y democráticos.
(*) Coordinador General de Provea
@fanzinero
