Erase una vez la Ovallera (Hospital José Antonio Vargas, ubicado en el sector de Palo Negro en la ciudad de Maracay Estado Aragua). Nada debía ser más complaciente para este Hospital que atender a los pacientes, darles un buen trato, tener disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de bienes, servicios; todas medidas y acciones contenientes para brindar una salud integral.
Un buen día, específicamente el 20 de marzo de 1993, ocurrió un hecho lamentable en sus instalaciones, un accidente químico tóxico tras la mezcla de dos sustancias durante trabajos de limpieza del sistema de aire acondicionado, produjo la irradiación de gases tóxicos que fueron inhalados por el personal que laboraba en el hospital y por muchos pacientes que se encontraban allí.
El IVSS dijo ¡Eso pasó y ya! En una semana reabriéremos el hospital, y tendrán que trabajar. Sin darse cuenta de la inseguridad que los aguardaba en el hospital.
¿Y qué ocurrió? Que prácticamente todo el personal del hospital resultó afectado. Trayéndole consecuencias como la muerte de los recién nacidos, la evacuación y cierre del hospital en dos ocasiones, el estigma creada en torno de los afectados(as), con la calificación de reposeros de la Ovallera, secuelas graves en el estado de salud física, mental y social, así como una total ignorancia e inapetencia del sistema jurídico venezolano.
¿Ahora qué vamos a ser? Preguntó alguien desorientado. Muchos pacientes exclamaron ¡Vamos a organizarnos!
Crearemos un Comité de Afectados y buscaremos apoyo de Provea, la Escuela de Formación Obrera (EFO) y la Asociación de Defensa de los Trabajadores Incapacitados por Accidentes de Trabajo y Enfermedades (Atrinca) quienes nos asesorarán, como podemos reclamar nuestros derechos.
Muchas acciones de calle nos acompañarán, ruedas de prensa, reuniones con autoridades. Todo lo logramos a través de la unión, pese a nuestro estado de salud.
Algunos años pasaron, conducidos por muchas acciones. Pero los pacientes de la Ovallera se sentían insatisfechos porque sus gestiones pocos frutos habían generado.
Así que se sentaron y dijeron:
– Llevaremos a cabo una acción judicial ya que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no nos quiere reconocer nuestra situación, por lo tanto actuaremos legalmente. Interpondremos una demanda por responsabilidad administrativa contra el IVSS por daños y perjuicios morales.
Pasó el tiempo y hoy le preguntamos ¿Cómo les ha ido?
-Te cuento – dijo una afectada.
Hace dos años la Sala Político Administrativa dictó tres sentencias “declarando parcialmente con lugar”, estableciendo la responsabilidad del IVSS y beneficiando a 21 personas, incluso una de estas sentencias establece los efectos extensivos de la misma al resto de los afectados y afectadas, en teoría sin tener que acudir a órganos jurisdiccionales, el resto, lo no favorecidos deberíamos ser indemnizados e indemnizadas.
-¡Qué bueno exclamamos!
-Pero una afectada responde – Si pero que lastima que el IVSS no lo tome tan enserio.
Después de 22 años, el Estado aún no repara a una buena parte de las víctimas.
-Por otro lado expreso alguien – En el caso particular que lleva Provea, acompañando a 10 de las vícitimas, han transcurridos 10 años desde que se inició el juicio, por diversas incidencias, no ha sido posible que el tribunal dicte sentencia.
Las victimas solo gritan ¡Basta de impunidad! Esperamos que el Tribunal se pronuncie, y que haga justicia.