Uno de los logros más importantes de la lucha de los pueblos del mundo ha sido la consagración de los derechos humanos y la obligación que tienen los Estados de promoverlos y garantizarlos.
No obstante, los derechos humanos en Venezuela, especialmente los económicos y sociales, pero no muy lejos los civiles y políticos, han sufrido un franco retroceso. Además, las amenazas que desde el poder del Estado se dirigen contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en el trabajo —y en general contra los luchadores sociales, sean o no afectos al gobierno— son cada día más preocupantes.
A estas amenazas se suma el riesgo de sufrir persecución policial, militar y paramilitar, agresiones físicas, torturas, encarcelamiento y juicios penales, por ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la huelga. Ambos son medios esenciales para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, frente a los empleadores – públicos y privados- y los gobiernos, cuando doptan políticas lesivas contra ellos.
La pobreza en Venezuela se extiende al punto de alcanzar a 10 millones de personas, cifra cercana a la padecida en el país para el año 2000. La inflación más alta del mundo y la extensa y persistente escasez de productos de la canasta alimentaria básica, medicamentos y bienes indispensables para una vida digna, hacen retroceder las condiciones de la población a niveles críticos. El poder adquisitivo del salario descendió por el orden de 333% producto de la devaluación y los altos índices inflacionarios, que han llevado al salario mínimo mensual a 33 dólares.
Los trabajadores y sus familias han visto desmejorar drásticamente su calidad de vida, lo mismo ocurre con jubilados y pensionados, mientras los sectores más pobres llegan a niveles extremos. Hablamos de millones de seres humanos, que no son sólo cifras. Son hombres y mujeres, personas adultas mayores, jóvenes, niños y niñas, que junto a las penurias de la pobreza también pierden sus esperanzas en la vida.
Al fenómeno del éxodo de la población, sobre todo jóvenes y profesionales altamente calificados, se suma el atroz incremento de la criminalidad cuyas víctimas se distribuyen entre todos los estratos sociales. En 2014, más de 25.000 personas fallecieron debido a la inseguridad: en un país que no enfrenta una guerra declarada, este es un número que haría temblar a cualquier autoridad. Si a ello añadimos que, según el Ministerio Público, el índice de impunidad en Venezuela alcanza 98%, lo menos que podemos concluir es que estamos ante un claro debilitamiento de la institucionalidad frente al crimen organizado. Un clamor popular que emerge de esta situación es la exigencia de justicia. Sobre todo porque la mayor parte de estas muertes las pone el pueblo pobre y la juventud.
El gobierno nacional, lejos de rectificar su política económica —principal razón de los males que afectan a la inmensa mayoría de la nación—, ha optado por el errado camino de inventar “guerras económicas” y reprimir las luchas de la clase trabajadora y del pueblo, para lo cual ha militarizado amplias zonas geográficas del país, mediante normas inconstitucionales, adoptadas de manera autoritaria por el Presidente de la República.
Durante los últimos 5 años se han realizado más de 27 mil manifestaciones, de las cuales más de 40% corresponden a protestas de los trabajadores por sus derechos, tanto contra patronos privados como contra el Estado. Actualmente, por contubernio entre patronos y gobierno, cursan en las Inspectorías del Trabajo miles de calificaciones de despido. El país es una especie de caldera en ebullición; el descontento se generaliza y es predecible que la conflictividad social aumente significativamente, si el gobierno no cambia de rumbo para atacar de manera estructural las causas de la crisis general que sacude a la nación y que provoca la molestia, irritación e insatisfacción.
Es la violación creciente de los derechos humanos en Venezuela, practicada por el gobierno de Nicolás Maduro, así como la corrupción de altos funcionarios venezolanos lo que esgrime el gobierno de Estados Unidos para adoptar sanciones contra éstos y declarar que Venezuela es una “amenaza para sus intereses y su seguridad nacional”.
No obstante, por razones de principio, el movimiento sindical y gremial rechaza que el gobierno de EE.UU. se atribuya la cualidad de gendarme del planeta, y mucho menos de adalid de los derechos humanos, mientras los viola en muchos países del orbe. Corresponde al pueblo venezolano movilizarse y exigir que se haga justicia. Son los órganos nacionales de justicia, así como los del sistema internacional de protección quienes deben pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y en cualquier otro país. La referida decisión del gobierno estadounidense le ha venido como anillo al dedo al discurso demagógico y patriotero del Presidente de la República, y ahora arrecia en sus amenazas de declarar “enemigo de la patria” a quienes protestan contra su desastrosa gestión.
Por razones similares a las expuestas, rechazamos los diversos pactos o convenios suscritos por el Gobierno nacional con transnacionales y otros países, como China, Rusia, Bielorrusia, Irán y Cuba, para la explotación y comercialización petrolera en la faja del Orinoco y demás actividades económicas, incluidas las economías de enclave en suelo patrio, permitiendo la violación flagrante de la legislación laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores venezolanos.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, a cumplir y hacer cumplir los convenios internacionales que amparan los derechos humanos en el trabajo y a establecer las condiciones que propicien el efectivo respeto a los derechos de la población, y la apertura de espacios de diálogo social como punto de encuentro de los diversos sectores sociales que participan en el trabajo, mecanismo necesario para preservar la paz y la convivencia, restablecer la confianza ciudadana y posibilitar empleo estable y de calidad, en el marco de la plena vigencia de todas las libertades democráticas previstas en la Constitución.
Caracas, 21 de marzo de 2015
Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG)
