En su informe de 2001, Provea evaluaba como positiva la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) y otros instrumentos legales orientados a democratizar la tenencia de la tierra, los cuales se proponían acabar con el latifundio, establecer las bases del desarrollo rural sustentable y garantizar la seguridad alimentaria.
Luego de 13 años, Provea reconoce que a pesar de estos avances, las políticas implementadas por el gobierno nacional y sus resultados no han logrado cambiar el modelo de desarrollo rural anterior, caracterizado por un bajo nivel de producción agrícola y una creciente dependencia de la importación de alimentos. Aunque existen incongruencias en las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura y Tierras (MPPAT) y el Instituto Nacional de Tierras (INTI), los números indican que ha habido avances en la lucha contra el latifundio. Según declaraciones del ex ministro Yván Gil, hasta el año 2013 3,6 millones de hectáreas habían sido expropiadas por el Estado luego de ser calificadas como tierras ociosas. Asimismo, 7 millones de hectáreas de tierras habían sido regularizadas y entregadas a los campesinos (AFP, 12.08.13). Este proceso ha estado empañado en ocasiones por controversias sobre la equidad en las expropiaciones adelantadas por el Ejecutivo; así como por el retraso en la entrega de la titularidad de las tierras a los campesinos, sin embargo, es un hecho que el Estado ha realizado grandes esfuerzos por democratizar la tenencia de la tierra.
Por su parte, las políticas de financiamiento agrícola desarrolladas por el gobierno nacional han sido progresivas y han generado cambios positivos en el desempeño de la banca privada hacia el sector productor y campesino. La cartera de créditos agrícolas ha aumentado con respecto a la cartera total de préstamos de la banca privada de manera significativa. Concretamente, se ha observado una tendencia positiva que va del 7,02% de los créditos totales en 1999 hasta 17,76% en 2013 (Provea, 2014). También, el investigador de la situación agraria Juan Luis Hernández ha reconocido que durante los últimos años se ha aumentado entre tres y seis veces los recursos destinados por parte del Estado a la producción agrícola, si se compara con lo destinado hasta 1993 (Provea, 2010).
Una deuda pendiente ha sido la implementación de un impuesto a las tierras ociosas, el cual no se ha establecido, entre otras razones, porque el Estado sigue sin contar con información exacta y fiable sobre el uso de la tierra. Según la Memoria y Cuenta del MPPAT 2013, a mediados de ese año se inició un programa piloto para realizar un catastro nacional de tierras, el cual tienen previsto terminar en 2019. Esto significa que el impuesto está lejos de ser implementado.
A pesar de los esfuerzos la producción agrícola no se ha aumentado al ritmo esperado. Un indicador que lo evidencia es el PIB agrícola, el cual muestra que el sector no ha aumentado su participación en la economía nacional. A partir de 2007 el BCV integró el indicador agricultura a los resultados de la actividad de los hoteles y restaurantes, con lo cual dificultó la posibilidad de conocer con exactitud el aporte real de la agro-producción a la economía. Lo que queda claro es que sus resultados son tan tímidos que incluso integrado, el rubro descrito como “agricultura, hoteles, restaurantes y otros”, representó el 5,6% del PIB nacional de 2013, lo que muestra un estancamiento en el sector si se compara con el año 2000, cuando el PIB agrícola en solitario representaba el 5,4% del PIB nacional según datos del BCV (Provea, 2010).
La LTDA se planteó como objetivo garantizar la seguridad agroalimentaria. No obstante, la producción agraria no creció significativamente en consideración a lo producido en el año 2000, tampoco aumentó al ritmo del crecimiento de la población o de su capacidad de consumo.
La importación de alimentos para cubrir la demanda interna continúa siendo tan necesaria hoy como lo fue en los últimos 50 años del siglo pasado. De hecho, el propio ex ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, admitió en 2013 que solo el 50% de los alimentos consumidos por los venezolanos son de producción nacional (AFP, 12.08.13). Provea ha afirmado en reiteradas ocasiones: “La seguridad alimentaria de un país se encuentra seriamente comprometida si el consumo de alimentos proviene de un porcentaje significativo de importaciones” (Provea, 2006).
Este aspecto cobra importancia por los altos índices de escasez que viene afectando el rubro de alimentos desde el año 2013, calculada por el Banco Central de Venezuela por encima del 29,4% (BCV, 2014). La dependencia de alimentos importados es uno de los varios elementos que contribuyen a la escasez. Provea ha propuesto convocar a una Mesa de Diálogo Nacional Agropecuaria, que incluya a todos los sectores involucrados para analizar y evaluar los resultados e impactos de la acción gubernamental, con miras a lograr consensos que contribuyan al desarrollo rural integral.
(*) Coordinador General de Provea
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