El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se suma a los llamados que diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han hecho recientemente en relación a evidentes violaciones que ponen en riesgo las garantías de vida y salud de los presos políticos venezolanos, especialmente de quienes actualmente se mantienen en huelga de hambre.
A su vez, consideramos necesario extender las manifestaciones humanitarias -exigiendo respeto a los derechos humanos de los presos políticos- a todos y todas las personas privadas de libertad de Venezuela considerando la obligación que tiene el Estado de garantizar un trato humano y digno a los internos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 44, 46 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como lo estipulado en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Por tal razón, Provea solicita al presidente de la República, Nicolás Maduro, que permita la visita de la Cruz Roja Internacional (CICR) a los centros de reclusión del país para constantar –de las fuentes primarias- las condiciones de reclusión de los 51256 privados de libertad, entre ellos a la totalidad de personas privadas de ilbertad por razones políticas.
De esta forma, la Cruz Roja Internacional podrá observar de manera directa e independiente el cumplimiento de las condiciones de reclusión de los privados de libertad, de acuerdo a estandares establecidos en la CRBV y en la normativa internacional vigente.
Hasta el 2012 la CICR realizó labores humanitarias en los penales venezolanos. Sin embargo, desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República en el 2013 no se le permite a este organismo internacional acceder a los centros de reclusión. El Ejecutivo tampoco acepta los requisitos de la CICR para el ingreso, entre los que destaca: “visitas repetidas a los centros penitenciarios, que podamos ver a todos los detenidos que deseemos y que podamos tener intercambios confidenciales con los detenidos sin ningún testigo” [1].
De acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)[2] en el año 2014 se registró un 170% de hacinamiento en los centros de reclusión. El país cuenta con 51 prisiones con capacidad instalada para 19 mil personas.
El Observatorio aalertó sobre las reiteradas vulneraciones al derecho a la salud de las personas privadas de libertad durante 2014 al no existir atención médica las 24 horas, el Estado no suministra medicamento a los reclusos que lo requieren y la existencia de una alta incidencia de enfermedades asociadas al hacinamiento, insalubridad de los recintos, falta de acceso al agua potable, entre otras.
En 2014 se registraron 24 huelgas de hambre y una huelga de sangre en las carceles del país, todas relacionadas con condiciones inhumanas de reclusión. A esto se añade que el 63% de los privados de libertad aún no han recibido sentencia firme y durante ese año 309 reclusos perdieron la vida por la violencia carcelaria.
Desde Provea insistimos en elevar el llamado a la maxima autoridad del Ejecutivo para que permita en un corto plazo la visita y labor humanitaria de la Cruz Roja Internacional en los centros de reclusión del país.
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