Se llama Antonio Celestino Freites y tiene 32 nietos, 18 bisnietos y dos tataranietos. A sus 76 años ejerce todavía la profesión de taxista, labor realizada durante más de 27 años. La noche del 18 de agosto de 2004 mientras se trasladaba con un cliente de Barcelona a Puerto La Cruz, recibió la noticia de que su nieto Enmanuel Antonio Guaregua había sido asesinado por la policía del estado Anzoátegui.
Los funcionarios alegaron que el joven de 22 años se enfrentó a una comisión policial y en los medios de comunicación fue presentado como un delincuente. Era hijo de una ex funcionaria policial que prestó durante 25 años servicio para el organismo señalado como responsable del asesinato. El Abuelo Antonio frente al féretro juró que mientras le quedara vida no descansaría para que se juzgara a los responsables.
Junto a la madre emprendió la lucha para evitar que el homicidio quedara impune.
Empezaron por recopilar la mayor cantidad de pruebas, principalmente localizar testigos de los hechos. Muchos de quienes observaron la ejecución realizada por los funcionarios se negaron a declarar por temor. Los pocos que se atrevieron aportaron información valiosa. En sus ansias de búsqueda de justicia solicitaron el apoyo de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, una pequeña organización que ha realizado un valioso trabajo para promover los derechos humanos en el oriente del país.
Con mucha voluntad emprendieron el recorrido judicial con una dosis de pesimismo al conocer el drama de otras familias que llevaban años esperando se sancionara a los responsables de las ejecuciones. Enfrentando adversidades y con escasos recursos no desfallecieron en su empeño y contaron con la suerte de que su caso fue asumido por un equipo de fiscales dispuestos a enfrentar los abusos policiales. Los asesinos de Enmanuel calculaban que quedarían libres y en varias audiencias se burlaron del Abuelo. Los cálculos les salieron mal y hoy están tras las rejas sentenciados. La constancia no fue en vano, arrojó frutos y deja un precedente que alienta a otras familias a continuar luchando por reclamar justicia. Sirva de lección a otros policías para que se alejen de malas prácticas que causan daño a la sociedad y a sus propias vidas.
