El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este jueves la listas de preocupaciones y recomendaciones finales sobre el cuarto informe periódico que el Estado Venezolano presentó en ginebra el pasado 29 y 30 de junio en Ginebra, Suiza, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Particularmente preocupa a las Naciones Unidas los niveles de autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. El Comité “observa con preocupación que sólo el 34 por ciento de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”. A esta irregularidad se suma el cuestionamiento que se le ha hecho desde el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo, institución que haya recomendado que se rebaje la categoría de la acreditación de la Defensoría del Pueblo a clase B.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para garantizar que la Defensoría del Pueblo ejerza plenamente y de manera eficaz e independiente su mandato de protección y promoción de los derechos humanos, de conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París) (Resolución 48/134 de la Asamblea General, anexo).
Caso Afiuni
El caso de la exjueza María Lourdes Afiuni, llevado al Comité de DDHH, genera una preocupación particular.
Relata el Comité que Afiuni, quien fuera detenida en 2009 por haber ordenado una medida sustitutiva de libertad de una persona cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y posteriormente por este Comité (Comunicación Nº 1940/2010).
Las denuncias de Afiuni sobre malos tratos y agresión sexual durante su detención y de que tales alegaciones no habrían sido oportunamente investigadas, advierte.
Por lo anterior, el Comité de DDHH de las Naciones Unidas pide al Estado venezolano tomar “medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo presiones e injerencias”
De igual manera, se exhorta resolver la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención.
Observancia de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones
La violación de DDHH ocurridas en el contexto de las manifestaciones del 2014 tienen un aparte en el Informe final del Comité. Se recuerdan las denuncias de casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias, e inobservancia de las salvaguardias legales fundamentales. “El Comité, mientras toma nota de la información proporcionada por el Estado parte respecto a las investigaciones que están llevándose a cabo, observa con preocupación que hasta la fecha sólo se ha condenado a siete funcionarios. Asimismo, le preocupan los informes relativos a la participación de efectivos militares en el control de reuniones públicas y manifestaciones (arts. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 19 y 21)”, escribe.
El Comité también elevó una serie de recomendaciones para igualdad de género, violencia contra la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo.
Sobre el Derecho a la vida el Comité llama la atención sobre el elevado número de muertes violentas, incluyendo casos presuntamente perpetrados por oficiales de mantenimiento del orden.
Ante esta situación se recomienda redoblar esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.
Condiciones de detención
Se señala la presencia de contradicciones sobre los niveles de hacinamiento y condiciones de detención, particularmente en relación con el acceso a servicios de salud adecuados, en los lugares de privación de libertad.
Asimismo, le preocupan los informes relativos al elevado número de personas que se encontrarían privadas de libertad, a veces por períodos muy prolongados, en instalaciones policiales que estarían diseñadas para albergar a las personas sólo por unos pocos días.
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