El pasado 23 de julio fueron divulgados los resultados del segundo examen realizado por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este referido al cumplimiento de los derechos civiles y políticos. Este mecanismo de evaluación periódico ha sido realizado a nuestro país por cuarta vez, aunque en esta oportunidad con siete años de retraso.
En primer lugar, el Comité reconoció que Venezuela haya adoptado legislación positiva en los derechos civiles, como por ejemplo la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. También saludó la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Sin embargo, la lista de preocupaciones y recomendaciones es más extensa.
Naciones Unidas le pide al Estado venezolano informar, en el período de un año, las políticas implementadas en la realización de cuatro de las 20 recomendaciones temáticas resultantes de la evaluación. La primera es sobre el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. En este punto el Comité realizó 6 planteamientos describiendo que “si bien tiene en cuenta la información de que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia, le preocupan los numerosos informes relativos a las violaciones de los derechos humanos que se habrían perpetrado en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar durante los primeros meses de 2014”. Ante esto, las recomendaciones puntuales fueron: Adoptar medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas del orden; Garantizar que todas las violaciones sean investigadas sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial; Redoblar esfuerzos para garantizar la efectiva prevención de los actos de tortura y malos tratos así como la sanción de los responsables; Velar para que las personas privadas de libertad gocen de las salvaguardias legales y, por último, garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares.
Un segundo elemento a informar en 12 meses tiene que ver con la independencia del Poder Judicial: “El Comité observa con preocupación que sólo el 34 por ciento de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto su nombramiento como sus remociones pueden realizarse de manera discrecional”. Al respecto, la ONU recomendó que se tomaran las medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, garantizando que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias. Más adelante se refiere específicamente al caso de la juez María Lourdes Afiuni: “-Se- debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención.
Un tercer tema del cual los comisionados y comisionadas de Naciones Unidas deben escuchar avances en el plazo de un año es sobre los actos de intimidación, descalificación, amenazas y/o ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, así como presuntas detenciones arbitrarias de algunos miembros de la oposición política. Al respecto se sugirieron tres políticas: 1) Ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de DDHH, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de DDHH y otras cuestiones, 2) Garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de DDHH, los activistas sociales, abogados y miembros de la oposición política y 3) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques, siendo los autores llevados ante la justicia y debidamente sancionados.
Por último, el cuarto elemento es referido a las descalificaciones contra los miembros de las organizaciones sociales que remitieron informes alternativos y estuvieron en Ginebra brindando información sobre el país. En este sentido el Comité reiteró los llamados que se hicieron en el propio diálogo con el Estado y le urge adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que colaboraron con la labor del Comité, cesando todo tipo de declaración descalificatoria contra ellas por parte de los agentes estatales.
Estas y el resto de las recomendaciones constituyen la oportunidad de contar con una agenda de trabajo común con las autoridades y el conjunto de la sociedad para el mejoramiento de los DDHH en el país. Ojalá el gobierno lo entienda.
(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
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