A un mes de la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) los datos oficiales sobre sus resultados, tal como sucedió con su debut en la Cota 905, dejan más dudas que certezas. Analicemos el “balance” que han realizado sus voceros sobre los “logros” obtenidos en estos primeros 30 días:
Se presenta la cifra de 52 “abatidos” como un éxito: Usualmente los gobiernos ocultan este tipo de cifras, por la significación que este tipo de eventos tiene en materia de DDHH y de la propia imagen institucional del Estado. Si bien debe reconocerse la importancia de informar, es preocupante que se presente esta cantidad de muertes como un logro, como muestra de efectividad, como si se estuviese cumpliendo con los objetivos planteados. Además, insinúan que estas 52 personas no solo se “enfrentaron” a las fuerzas de seguridad, sino que también eran “delincuentes” con “órdenes de aprehensión”; si esto es así, deberían informar el listado de los fallecidos, por cuáles delitos estaban solicitados, las circunstancias del enfrentamiento y cuántos funcionarios resultaron heridos por los mismos. Recientemente un video donde se registra un ajusticiamiento se ha hecho viral en las redes sociales, los hechos ocurrieron el miércoles 05 de este mes, sirviéndole la OLP como marco institucional. Debido a la calidad del video es difícil distinguir la cantidad precisa de fallecidos, parecieran ser 04 las personas ejecutadas. Es importante destacar que en las informaciones iniciales sobre este caso el mismo fue presentado como un “enfrentamiento” y los ejecutados como “delincuentes” “abatidos”. La retórica sobre estos operativos en los que se les da poder ilimitado a las fuerzas de seguridad, en los que se presentan como logros la cantidad de personas “abatidas”, traen como consecuencia este tipo de acciones. ¿Las personas ejecutadas en este video forman parte de los 52 “abatidos” que se presentan como un éxito de este primer mes de la OLP? ¿qué sucede con los otros casos que no pudieron ser grabados, difundirse por la web y ser publicados en el Nuevo Herald? Es importante reflexionar también sobre las motivaciones que llevaron a algunos sectores que, durante los días en los que aparece este video, promovieron el hashtag #OLPConTodosLosHierros nombre idóneo para semejantes acciones ¿a dónde quieren llegar? ¿qué Estado y sociedad quieren construir con este tipo de mensajes y políticas?
Se presenta también con orgullo el despliegue de “16.799 funcionarios”, si esta información se cruza con la anterior, hay cosas que no cuadran: de un lado hay 16.799 funcionarios, del otro 52 “abatidos”, no pareciera ser un “enfrentamiento” simétrico, mucho menos proporcional. Sobre esta aparente aplicación asimétrica y desproporcionada de la fuerza me remito a lo que ya he planteado en otros espacios (Ávila, 2014:57-58). Más allá del tema de DDHH, desde el punto de vista administrativo la movilización esporádica de esta cantidad de funcionarios ¿es proporcional respecto a los resultados obtenidos? ¿a cuántos paramilitares y jefes del crimen organizado han capturado? ¿este operativo es realmente eficiente? ¿cuál es el impacto del mismo? ¿disminuye la violencia delictiva? ¿acaba con los grupos ilegales involucrados con el tráfico de armas y de droga? ¿es sostenible en el tiempo? ¿está construyendo o fortaleciendo algún tipo de institucionalidad? De ser este el caso: ¿qué tipo de institucionalidad?; ¿la aplicación de controles y seguimiento institucional permanente no serían más eficientes? ¿esto último administrativamente no sería más rentable? ¿no significaría un empleo más racional de los recursos disponibles?
Los trabajos serios de inteligencia criminal no ameritan un despliegue tan numeroso de funcionarios, son operaciones más precisas con objetivos muy definidos. Para abordar el problema de violencia delictiva que padecemos es necesario aplicar más la inteligencia que la fuerza, hay que investigar a las estructuras de poder económico, político, institucional, militar y policial que facilitan y promueven este tipo de actividades. ¿Cuántas mafias de este tipo ha desmantelado la OLP? ¿Cómo el hampa obtiene armas de guerra? ¿Quiénes brindan protección y se benefician de los deshuesaderos de carros robados? ¿Quiénes le garantizan impunidad a estos grupos?
Esto incluso desde una perspectiva militar es lo más pertinente: «Una Operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es esa información esencial.» Sun Tzu.
Consideran que 931 detenidos es también un gran logro. Dicen que son personas involucradas en “diversos delitos”, sin embargo, no señalan de cuáles delitos se trata, esa es una información de interés tanto para la ciudadanía como para el propio Estado, para que ambos comprendan la situación y tomen medidas al respecto. Llama la atención que destaquen que de esos detenidos 113 son extranjeros, en este caso tampoco especifican qué delitos se encontraban cometiendo, transmitiendo un mensaje distorsionado que pareciera equiparar la condición de extranjero con la de delincuente, lo que pudiera traer consecuencias lamentables de violencia xenófoba. ¿Estas 931 personas se encontraban en flagrancia o estaban solicitadas por algún tribunal? ¿Ya fueron presentadas ante el Ministerio Público y los tribunales correspondientes? Es de advertir que según organizaciones de DDHH esta cifra aumenta a 021 detenciones.
Señalan también la desarticulación de 27 “bandas” ¿a qué se dedicaban estas bandas? ¿Cuáles son? ¿Dónde operaban? ¿Quiénes las integran? ¿A cuántos de sus integrantes capturaron?
Preocupa la lógica bélica y la construcción permanente de “enemigos”: el discurso en este sentido ha sido muy poco consistente, en ocasiones son paramilitares colombianos, en otros: crimen organizado, mafias inmobiliarias, y hasta se han hablado de maras salvadoreñas. Recientemente han democratizado más la categoría para emprenderla ahora contra los “bachaqueros”, que es lo mismo que ir contra los pobres. Incluso se ha utilizado una retórica fascista categorizándolos como “plagas” a las que hay que “tratar” como tales. ¿Qué se hace con las plagas? Este discurso es un clara incitación al odio, esto sí es un delito concreto ¿No hay OLP para este delito? El bachaquero es consecuencia, no es la causa… ¿No hay OLP para los que han quebrado iniciativas públicas de producción de alimentos en el país? ¿No hay OLP para quiénes se han enriquecido con las importaciones de alimentos en detrimento de la producción nacional? ¿No hay OLP para los que se enriquecieron con CADIVI? ¿No hay OLP para las empresas de maletín y los que se llevaron los 25 mil millones de dólares que denunció Giordani? ¿No hay OLP para los de cuello blanco? ¿Cuáles fueron los resultados de la cruzada anticorrupción anunciada por el Presidente el año pasado? ¿Para esos no hay OLP? ¿La OLP es solo para los pobres?
017 Armas incautadas: ¿armas de qué tipo? ¿de fuego? ¿fabricación cacera? ¿de guerra? ¿blancas?, esas cifras si no se especifican y se contrastan con otras no nos dicen mucho. Por ejemplo ¿Cuántas armas de fuego solicitadas por robo existen en el país? ¿Cuántas de éstas han sido recuperadas? ¿Cuáles son las características de este armamento? ¿Qué se va a hacer con ese armamento incautado? ¿Cómo es la cadena de custodia? ¿Cómo se asegura que esas armas no vuelvan al mercado ilegal? Por otro lado, se informa también de la incautación de 2.093 municiones, que parecen ser pocas en comparación con el número de armas, en especial si éstas eran de fuego. En cuanto a los vehículos (115) y motos (72) también pasa lo mismo ¿cuántos de estos objetos están solicitados por robo? ¿cuántos se roban al mes? ¿cuántos recupera el Estado usualmente en ese mismo período?
248 Apartamentos “recuperados”: ¿cómo? ¿cuándo? Y ¿por qué se “perdieron” esos apartamentos? Este dato parece más una confesión de abandono, desidia, ausencia de controles y respuestas oportunas sobre las problemáticas que se viven en los urbanismos de la GMVV. ¿Cuál es el protocolo para efectuar esos desalojos? ¿Cuál es la garantía de que esos procedimientos no se terminan aplicando discrecionalmente por parte de algunos funcionarios? Señalan 8.244 viviendas “inspeccionadas” ¿cuál es el protocolo y criterios para estas “inspecciones”? ¿en qué se diferencian estas “inspecciones” de los “allanamientos”? En estas cifras presentadas como “logros” faltó mencionar a las cientos de familias de la Panamericana a las que les demolieron sus viviendas y dejaron en la calle.
Nuevamente señalan que harán una ley para mejorar la seguridad y para la OLP: lo he señalado en diversas oportunidades, nuestros problemas securitarios no se resuelven legislativamente ni por decreto, se resuelve con voluntad política real, con construcción y fortalecimiento institucional, con cuerpos policiales, fiscales, jueces y custodios honestos, eficientes, independientes, supervisados y controlados institucionalmente; con información, rendición de cuentas y transparencia en sus gestiones; con la aplicación de nuestras leyes vigentes sin discriminaciones, partidismos, ni corrupción. Interviniendo penalmente en los casos que realmente lo ameritan y no extender este mecanismo a toda problemática social, política o económica que tenga el país. De no hacerlo, el efecto sería contraproducente: a) el sistema penal colapsa y en consecuencia sería ineficiente; b) la violencia institucional incrementará la violencia social.
Estas observaciones críticas no deben traducirse en modo alguno como una “no intervención del Estado” ante la conflictividad y la reducción de la violencia; mucho menos convertirse en una denegación del servicio de policía. Todo lo contrario, lo que se necesita es un mejor y debida prestación de este servicio; tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La aplicación y seguimiento de la política debe ser congruente con el diseño de la misma.
Con este recuento la relación costos-beneficios y los efectos positivos reales, sostenibles en el tiempo, institucionales, para la seguridad de la ciudadanía aún no se vislumbran; por el contrario, el desbordamiento de los poderes policiales y militares del Estado, sin los controles debidos, pudieran aumentar más aún la inseguridad de todos.
Celebro que el debate sobre el tema cuente con las aportaciones de gente como Keymer Ávila. Superamos con eso el tema de la opinión, para entrar en el campo de las ideas, de la investigación seria, para comenzar así a desenmascarar las actuaciones y la retórica del Estado-gobierno. A veces agobia sentir que una temática tan delicada como ésta, forma parte del festín politiquero y de la matriz ideologizante de los medios. preocupa también que cierto tipo de ciudadano promedio se haga eco de tantas falacias y se atreva a celebrar la supuesta «mano dura» del gobierno contra las personas que se dedican a la reventa de productos, o la delincuencia del pobre a través de las actividades represivas de las fulanas OLP. Entonces pienso en el papel perverso que cumple la escolarización, la cual nisiquiera garantiza que un individuo aprenda a diferenciar situaciones causales o fenómenos consecuenciales a determinado problema. La inclusión educativa sólo garantiza el cartoncito (y a veces, con dificultad) pero no le previene a pensar con sentido común o con apego a la lógica más elemental. Ese es el «juego» de la democracia. Tanto la representativa, como la participativa.
Sobre las posibles causas, les recomiendo leer http://www.aporrea.org/actualidad/n275873.html