RafaelUzcategui-ProveaEl gobierno se encuentra promoviendo una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, que como toda idea debe ser discutida ampliamente, respetando a las personas. En un escrito anterior, decíamos desde Provea que el conjunto de planteamientos tiene, como toda construcción humana, elementos positivos y negativos. No vamos a extendernos en los aspectos rescatables sino en ampliar lo que a nuestro juicio debe reconsiderarse.

Forma parte inherente un Plan Nacional en la materia el tener que ser construido y acordado mediante un amplio consenso con todos los sectores de la sociedad, especialmente los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Para esto hay que generar condiciones de confianza. Si no las hay, una iniciativa necesaria como esta será entorpecida.

El último contrabando ideológico es que la propuesta de Plan impone una lectura incierta y parcial de los derechos humanos, bajo el nombre “visión emancipadora, crítica y alternativa” (VECA), como la jerarquizada y legítima dentro de la política pública.

Un elemento de ruido lo constituye las motivaciones, según su propio decreto ley, de creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos que lo convierte en una instancia, sin la autonomía ni independencia necesarias, discriminatoria contra los sectores que no se identifican con el tren Ejecutivo. Este espíritu de exclusión se traslada al proyecto de ley, el cual introduce conceptos y categorías ideológicas que no se encuentran en nuestra Constitución. La propia portada de la propuesta, con la consigna “Democracia socialista: La mayor suma de felicidad posible”, es de entrada innecesariamente discriminatorio, reiterando el diagnóstico realizado por Provea en los últimos años, acerca de la imposición de un modelo de país por mecanismos no democráticos. Por ejemplo, en la página 11 se establece como objetivo del plan “acelerar el tránsito hacia una democracia socialista”. Digámoslo de otra forma: Es legítimo que sectores de la sociedad promuevan el socialismo como opción ideológica y existencial. Es deshonesto que por medio de subterfugios se imponga como una política pública que no cuenta con la aprobación, sino con la resistencia, de un sector importante de la población.

Esta lectura parcial e ideológica, realizada desde un partido y no desde una visión que incluya la diversidad compleja de la sociedad, se encuentra diseminada a lo largo de la propuesta –que no en los materiales promocionales-, incluso falseando la realidad. Por ejemplo cuando se afirma que “el discurso de los derechos humanos ha estado secuestrado por la concepción liberal y las posiciones conservadoras que lo caracterizan”. Hasta el fin de la Guerra Fría la concepción socialista sólo utilizó instrumentalmente los derechos humanos, desestimando realizar aportes y participar en sus mecanismos pues habían jerarquizado sus esfuerzos en la toma del poder para la realización de la “revolución”, postergando cualquier consideración adicional. En segundo lugar, en América Latina un sector importante de las organizaciones estaban conformadas por activistas que provenían, por diferentes razones, de militancias de izquierda en todas sus variantes, y cuya incidencia enriqueció el discurso general y tuvo resultados concretos.

Una segunda falta a la verdad tiene que ver con la supuesta primacía de unos derechos sobre otros, de los derechos civiles y políticos sobre los sociales. Esta aseveración tiene su historia, pero en el texto se cuenta mal y a medias. En el caso latinoamericano hubo muchos esfuerzos, en un contexto de dictaduras militares, de hacer exigibles y sancionables violaciones de derechos humanos como las torturas y la ausencia de libertad de expresión. Estas presiones ocasionaron que los derechos civiles y políticos tuvieran un mayor protagonismo y desarrollo, pero cuando los gobiernos democráticos fueron la norma en la región, haciendo justicia al principio de ser universales e indivisibles, los derechos sociales recuperaron buena parte del terreno perdido. Un ejemplo de ello es la reciente creación de una relatoría para los derechos económicos, sociales y culturales dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuar asegurando lo contrario es, o desconocimiento de lo que ha pasado en las últimas dos décadas o mala fe.

El último contrabando ideológico es que la propuesta de Plan impone una lectura incierta y parcial de los derechos humanos, bajo el nombre “visión emancipadora, crítica y alternativa” (VECA), como la jerarquizada y legítima dentro de la política pública. La VECA es un gran signo de interrogación, pues tiene un escaso desarrollo conceptual y normativo, lo cual se puede corroborar en cualquier buscador de internet, y sería durante la implementación del plan en que se aclare su significado. En el año 2011 la Defensoría del Pueblo editó el libro “Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico”, que podría considerarse el material público local más sistematizado. Allí se expresa que la VECA va de la mano del llamado “Socialismo del Siglo XXI”. El sectarismo de esta visión, como política pública, se desarrolla ampliamente en el tercer eje, hasta el punto de alentar un premio nacional de DDHH, idea buena, para los activistas “comprometidos con la VECA”, idea en cambio discriminatoria. Esta VECA cruza conceptualmente las 61 páginas de la propuesta lo cual impide, de ser aprobada así, que sea una iniciativa incluyente para todas y todos los venezolanos.  

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.