Operadores del área de producción de la compañía denuncian actos de corrupción dentro de la empresa. Indican que el gerente general de la planta en Las Tejerías ha amenazado a los obreros que han querido sindicalizarse
Jimmy Torres, operador en el área de producción de la planta de vehículos Chery, ubicada en la zona industria de Las Tejerías, estado Aragua. Denunció que el gobierno amenaza con despedir a mil trabajadores por denunciar irregularidades que están ocurriendo dentro de la empresa.
Torres aseguró en entrevista exclusiva a El Nacional, que se comunicaron con el Ministerio para el Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Aragua y la vicepresidencia de la República, donde no han encontrado respuesta a favor de los trabajadores.
“Hemos denunciado que desde que se abrió la planta en Las Tejerías en 2011 han ocurrido distintos hechos de corrupción. Están acaparando vehículos y los están vendiendo a sobreprecio, a pesar que estos están siendo importados a dólar preferencial”, precisó el operador en área de producción.
Según el trabajador de la planta, la respuesta que recibió del Ministerio para el Trabajo, fue una orden directa de despido para todos los empleados de las plantas en Las Tejerías y en Guacara, Carabobo.
Torres presume que el viceministro para el Trabajo, Menry Fernández, conoce la situación de presunta corrupción dentro de la planta, porque él fue el encargado de emitir las órdenes de despido.
Siete trabajadores de la sucursal Chery en Las Tejerías fueron despedidos.
Las amenazas no cesan
La falta de respuesta por parte de organismos como la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Aragua y ministerios no han sido la únicas. El grupo de trabajadores ha querido entablar un diálogo con el gerente general de la planta en el estado Aragua, Alfredo Orant.
“Nosotros hacemos responsables a Orant por cualquier situación que nos pase a los trabajadores. Él nos mandó a amedrentar con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y con sujetos que se dedican a actividades delictivas en el sector”, añadió.
Refirió que desde el año 2012 han introducido tres proyectos para constituirse como sindicato. Ninguno ha recibido respuesta.
Además, los trabajadores tienen más de dos semanas sin cobrar su salario.
“Nosotros somos fundadores de esta planta, somos pueblo, por eso le pedimos a Nicolás Maduro que interceda por nosotros, porque la vicepresidencia también nos dijo que la empresa está en todo el derecho de botarnos».
DÁMASO LUGO, El Nacional
