Dos delegados de prevención y seguridad laboral de Ferrominera Orinoco (FMO) fueron calificados de despido luego de exigir mejores condiciones y medio ambiente de trabajo. Se trata del técnico de operaciones ferroviarias, Yanrichar Rosas, de Patio de Vacío, y Jorge Chacón de la Planta de Pellas.
Rosas conminó a la gerencia a que el área fuese iluminada el 3 de julio por cuanto, en ese perímetro, trabajadores han perdido extremidades en el desempeño de sus funciones. “Tenemos el caso de un compañero que perdió una pierna, otros que perdieron dedos”.
Por esa razón, y apegados al artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), el personal decidió paralizar operaciones hasta tanto la gerencia cumpliera con la exigencia.
El artículo 53, en su numeral 5 de la Lopcymat, permite a los trabajadores rehusarse a sus labores cuando – basándose en su formación y experiencia – haya motivos razones para creer que existe un peligro inminente para su salud.
Para la empresa la interrupción por la falta de iluminación fue “abrupta”, “situación que no se puede permitir por cuanto alteró la marcha de las actividades laborales contraviniendo las órdenes del supervisor inmediato del grupo, esta conducta inconsulta e irregular se traduce en pérdidas económicas para la empresa CVG Ferrominera Orinoco”, adujo en el documento presentado a la Inspectoría del Trabajo en el que, además, jamás negó la ausencia de iluminación.
Los apoderados legales de la fábrica, Luis García Uricare, Marlenis Parra, Leandromar Tiapa, José Alberto Rivera García y Disnardy Bermúdez, esgrimieron que la paralización de actividades no solo era “injustificada”, sino que creó “un clima laboral de quejas y reclamos constantemente, esta actitud, desde el punto de vista administrativo y legal violenta los derechos y obligaciones de nuestra representada”.
Fundamentaron su exposición en las “pérdidas económicas irreversibles” que la decisión generó al Estado, siendo esta empresa “estratégica para la obtención de recursos económicas indispensable para el desarrollo socioeconómico del estado venezolano”.
La empresa justificó la solicitud de calificación a la Inspectoría del Trabajo alegando conducta inmoral, perjuicio material o negligencia grave en las maquinarias y falta grave que impone la relación de trabajo, todos ellos causas justificadas contempladas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).
Copia y pega
En el caso del delegado de Planta de Pellas, donde en el 2010 murió el trabajador Hernán Quivera y otros dos resultaron quemados, los reclamos recibieron la misma respuesta.
“Si ven las calificaciones son un copia y pega las del compañero Chacón y la mía. Lo único que cambia es el nombre y la fecha”, reclamó Rosas.
De acuerdo al artículo 44 de la Lopcymat, los delegados de prevención no pueden ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo a partir del momento de su elección sin justa causa calificada por el Inspector del Trabajo.
El hecho más reciente ocurrió este 31 de agosto, cuando al delegado Ángel Perdomo fue amonestado por hacer un informe sobre una vans sin luces que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad para transportar al personal en el turno de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana.
Al respecto, este martes el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, exigió a la empresa que cese la persecución. Lamentó que la Inspectoría del Trabajo se maneje por llamadas telefónicas y no apegadas al derecho.
“Le recordamos al general Jesús Zambrano Mata que aquí no está en un cuartel, en donde pueden hacer con los trabajadores lo que les dé la gana”, señaló.
Amenazó con que de no revertirse las condiciones inseguras y las calificaciones de despido, discutirán en asamblea general cómo afrontarlo.
Muertes
El pasado domingo 23 de agosto el trabajador de la gerencia de seguridad patrimonial, Carlos Contreras, de 51 años de edad, murió luego de recibir tres disparoscuando patrullaba en Planta de Briquetas.
Por el hecho han sido detenidos tres hombres, presuntamente vinculados a una banda dedicada al robo de material estratégico.
Los delegados denunciaron que desde hace dos años entregaron un informe de seguridad y salud que nunca se revisó y que, hace un mes, reiteraron las denuncias sin que recibieran atención.
Reclamaron – además – que el Gobierno sea diligente para castigar y despedir a delegados de prevención y no para garantizar la seguridad en la empresa que, además, es parte de las zonas de seguridad contempladas en la Ley de Seguridad de la Nación, promulgada en 2002. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 01.09.2015)
