Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de México para la reunión anual de la Red Antimilitarista Latiinoamericana y del Caribe (RAMALC), una iniciativa heredera del movimiento de objeción de conciencia –no ir al servicio militar por razones personales- que existió en la región en la década de los 90´s. Desde diferentes realidades y contextos, gobiernos progresistas y conservadores, se denuncia el consenso tácito en la militarización de los territorios y los cuerpos como mecanismo disciplinatorio.
El evento tuvo como gran telón de fondo el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que se ha convertido en ícono mundial del oprobio y la impunidad. Además de la movilización anunciada para el 27 de septiembre, días antes los familiares de las víctimas comenzaron un ayuno frente a la Catedral Metropolitana, ubicada el frente de la plaza del Zócalo en la capital. Como solidaridad, la RAMALC redactó un saludo a los familiares y las organizaciones de apoyo, que transcribimos en su integralidad:
“La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (RAMALC), presente en la ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.
Los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que policías federales y municipales de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, dejando un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos, se ha convertido en uno de los hechos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos no sólo en la República Mexicana sino en todas las latitudes.
A días de cumplirse 1 año de la desaparición, familiares víctimas emprenden un ayuno para exigir que aparezcan sus hijos. Ciudadanos y ciudadanas mexicanos y del mundo nos unimos en solidaridad a su derecho a la manifestación pacífica en la exigencia de pruebas de vida, justicia, verdad y no impunidad.
De igual forma en conmemoración a un año de este terrible acontecimiento y la falta de respuestas, y de cara a los resultados de las investigaciones del comité de expertos de la CIDH, marcharemos en apoyo, solidaridad con esta lucha que no es sólo de familiares víctimas sino de toda persona que busca que hechos como estos no queden en el olvido, que no ocurran, que aparezcan los desaparecidos y que no haya injusticia, ni impunidad.
Recordamos que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica, ayunos, concentraciones, marchas, protestas, lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, el desacuerdo o la indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente, en la exigencia de sus derechos, la verdad, la justicia y la no impunidad, en el marco de una sociedad libre y democrática.
El ayuno es una herramienta de lucha no violenta, inserta dentro del derecho a la manifestación pacífica consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto debe ser respetada, garantizada tomando todas las medidas de protección por parte de las autoridades para que pueda ejercerse plenamente. Recordamos que los protocolos internacionales en Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar la no intervención bajo ninguna forma de coacción, y la protección para huelguistas, así como de todo manifestante que les acompañen durante la jornada.
La gravedad de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la conmoción y consternación mundial ante estas desapariciones obliga al Estado Mexicano a disponer de todas las acciones y recursos que den respuesta inmediata a los familiares víctimas y permitan que este caso no se constituya en uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de Latinoamérica y el mundo.
Así mismo, exigimos a las autoridades mexicanas que debe permitirse acceso a familiares y expertos CIDH a todos los lugares incluidos las instalaciones y campos militares, donde se sospeche puedan estar ubicados los estudiantes.
Los primeros resultados del comité de expertos CIDH obligan al estado mexicano en cumplimiento de sus obligaciones en intensificar esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la no impunidad.
La desaparición forzada constituye uno de los crímenes de lesa humanidad más graves, abogamos porque todos los casos previos y posteriores a los de Ayotzinapa sean esclarecidos y sus responsables sean sancionados.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
Rafael Uzcátegui
(*) Coordinador General de Provea
