Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana asesina el 25 de agosto a sangre fría a un joven en la plaza de los museos; un sargento de la Guardia Nacional asesina a otro joven en un centro comercial; un funcionario del CICPC asesina uno más en un barrio en la ciudad de Caracas. Días antes el 05 de agosto gracias a un video que trascendió las fronteras miles nos enteramos de una ejecución realizada por la policía del estado Aragua. Todo ocurre en menos de 30 días.
En ese contexto el ministro del interior anuncia orgullosamente que en tan solo dos meses en el marco de las razzias represivas de la denominada OLP han sido asesinados 106 presuntos delincuentes. Es decir, más de 10 semanales. Un diario de circulación nacional con todo el desparpajo tituló que fueron asesinados 106 choros, es decir, sin ninguna investigación y obviando el principio de presunción de inocencia a todos los condenó como delincuentes sin importar la cantidad de denuncias de familiares que expresan las personas fueron detenidas y ejecutadas.
La situación es realmente preocupante y nos conduce a preguntarnos si por la vía de los hechos se está imponiendo la pena de muerte en el país. El discurso de mano dura genera aplausos en una población desesperada por los altos índices de criminalidad. Pero es incoherente que un gobierno que se vanagloria de ser humanista anuncie como una gran victoria el asesinato de tantos presuntos delincuentes.
Dónde quedó todo el argumento y normas sobre el uso proporcional de la fuerza. A dónde fue a parar la filosofía de la reforma policial que promovió el ex presidente Chávez que daba un valor importante al respeto a los derechos humanos. ¿Y el derecho a la vida es válido para algunos y para otros no?
Por qué tanto silencio del Defensor del Pueblo y la Fiscal General ante esta grave situación. Su silencio contribuye a que el gobierno dé luz verde a la actuación arbitraria de los cuerpos policiales. Ojalá con la misma intensidad que hacen coro con el gobierno para denunciar conspiraciones, levantaran la voz y hablaran claro y fuerte frente a la violencia del Estado.
Pero llama la atención igualmente que los principales líderes de la oposición adopten la misma actitud. Será que en el fondo comparten esa política de realizar razzias en las zonas populares. Donde quedaron los reclamos intensos en la defensa de los derechos humanos que se enarbolaron durante las protestas de 2014, o es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y para la gente humilde de los barrios importa poco si hay detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y ejecuciones.
No es casualidad que los policías anden de gatillo alegre produciendo más violencia de la ya existente por la delincuencia común. Sienten que pueden actuar con el respaldo de los altos funcionarios del Estado y la dirigencia política del país.
Esta delincuencia desde el Estado realizando ejecuciones policiales tiene como víctimas a los más pobres. Como decía el cantor del pueblo Alí Primera “la policía siempre es efectiva cuando se trata de los pobres”.
La denominada Operación para la Liberación del Pueblo como los resultados lo están demostrado viene dejando un saldo considerable de violaciones a los derechos humanos. Una política de seguridad centrada en lo represivo que fracasará como han fracasado todas las anteriores con esa misma orientación.
Es lamentable que todo el esfuerzo que se inició en el año 2006 para construir un nuevo modelo policial y una política integral y democrática de seguridad diseñada en la Misión a Toda Vida Venezuela haya sido enviada al basurero para repetir las viejas prácticas represivas que solo generan más sufrimiento y dolor a la familia venezolana.
Marino Alvarado Betancourt
www.derechos.org.ve
DESDE HACÈ MUCHO TÌEMPO AKÌ HAY EL PAREDON SÌLENCÌOSO;¿CELULAS ESCUADRAS;? HOY COLÈTÌVOS OH PRANES ES LO + MÀS + SEGURO Q ES LA MESCLA D GOBÌERNO PARACOS FARC FLNV MÌLITARES Y CÌVÌLES;CORRUTOS