La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y otros miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
La Comisión agradece al gobierno y al pueblo de México todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. La CIDH valora y agradece el apoyo y la información suministrada por las autoridades de Gobierno del orden federal, estatal y municipal, así como por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Muy especialmente, la Comisión valora y agradece el esfuerzo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para reunirse con la delegación y presentar sus testimonios e información.
La CIDH respalda el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por la CIDH a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. La Comisión acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Específicamente, la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México; tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias”.
Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.
La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.
En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres han evidenciado que son ellos quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar con debida diligencia.
La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales.
Otro fenómeno de profunda preocupación son las ejecuciones extrajudiciales. Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en Tlatlaya, sur del Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de 2015.
La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación, sin perjuicio de las insuficiencias y obstáculos existentes en la implementación. En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo las reformas constitucionales y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada. No obstante, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.
La CIDH recibió reportes en múltiples zonas del país sobre la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En particular, es alarmante la cantidad de procesos penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación, sin que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia. El número de procesos judiciales por graves violaciones concluidos con sentencias condenatorias es ínfimo. La falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el estado de derecho en el país. Un primer paso en este sentido debe ser esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado, para así romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas. El combate a la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
En consecuencia, se deben resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia en México, tal como la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal, así como agencias de procuración de justicia. Además, la inexistencia en algunos estados de ciertos tipos penales, así como falencias en los existentes, dificulta la procuración de justicia. En este sentido, la falta de independencia y autonomía de las agencias forenses, tanto a nivel estatal como federal, es un desafío para el Estado en el marco de la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal. La CIDH considera fundamental fortalecer y consolidar la independencia judicial en México.
La CIDH expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Acompaña a este comunicado un Anexo con las Observaciones Preliminares de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México. La Comisión elaborará y aprobará un Informe de País, el cual será publicado durante el primer semestre del año 2016.
Finalmente, la Comisión recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (Prensa CIDH)
Ver: Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México
